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La controversia en torno a los títulos académicos de Juliana Guerrero, joven funcionaria que estuvo a punto de asumir el viceministerio de Juventudes, ha sumado un nuevo capítulo, ahora enfocado en los registros tributarios de la Fundación Universitaria San José. Según la representante a la Cámara Jennifer Pedraza, investigaciones recientes revelan que dicha universidad reportó ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) tres facturas electrónicas a nombre de Guerrero, pese a que la misma institución insiste en que ella nunca cursó estudios allí. Este hallazgo fue el resultado de la revisión de bases de datos oficiales, lo que permitió detectar que los pagos reportados se efectuaron después de la supuesta fecha de graduación que consta en los diplomas presentados por Guerrero.
Los documentos académicos otorgados a nombre de Guerrero, uno como Contadora Pública y otro como Tecnóloga en Gestión Contable y Tributaria, tienen como fecha el 1 de julio de 2025. Sin embargo, las facturas registradas en la Dian corresponden a fechas posteriores, con la primera de ellas emitida el 28 de julio de 2025 por concepto de derechos de grado en Contaduría, por un millón de pesos. Resulta aún más inusual que, tal como expuso la representante, el pago de derechos de grado aparece antes del registro de las matrículas, algo que Pedraza calificó como un hecho sin precedentes.
La congresista, quien hizo públicas estas evidencias en redes sociales, cuestionó el orden de las transacciones y sugirió que los pagos posteriores podrían constituir un mecanismo para dotar de legitimidad los títulos entregados. Argumentó, además, que lo detectado podría formar parte de un patrón de comportamiento institucional más amplio dentro de la Fundación Universitaria San José. Pedraza recordó que ya en octubre de 2025 había presentado denuncias ante la Fiscalía y el Ministerio de Educación contra las directivas del centro educativo, aunque hasta la fecha no se tienen noticias sobre avances significativos en las investigaciones.
En su denuncia, Pedraza pidió la intervención urgente del Ministerio de Educación y solicitó la actuación de la Procuraduría General de la Nación, señalando supuestas fallas en los procesos de inspección y vigilancia. Además, insistió en que, con lo revelado, no existe justificación alguna para que Juliana Guerrero se mantenga en cargos directivos dentro de la Universidad Popular del Cesar. Según la representante, este caso es solo una parte de un fenómeno estructural de compraventa de títulos en la Fundación Universitaria San José, asunto que ha venido denunciando de forma continua desde noviembre de 2025 y que, asegura, va mucho más allá de una simple irregularidad individual.
El impacto de este escándalo trasciende los límites de la institución señalada. El propio nombre de Guerrero ya estaba ligado a otros cargos públicos, como su trabajo en el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, el Ministerio del Interior y la Universidad Industrial de Santander. Además, su cercanía con el presidente Gustavo Petro y el ex embajador Armando Benedetti ha incrementado la atención sobre sus casos particulares, especialmente luego de que Petro la reconociera públicamente durante un Consejo de Ministros en julio de 2024, destacando su juventud y perfil activo. Todo este recorrido ha convertido a Juliana Guerrero en protagonista de una polémica cuyo desenlace aún se encuentra pendiente y que pone en discusión la necesidad de fortalecer los mecanismos de control alrededor de los títulos universitarios y la contratación estatal.
¿Qué controles existen para evitar fraudes en la expedición de títulos universitarios?
La pregunta sobre los controles para impedir fraudes en la emisión de títulos universitarios resulta especialmente relevante a raíz de las recientes acusaciones que involucran a la Fundación Universitaria San José. Según los documentos y denuncias presentados por la representante Jennifer Pedraza, fallos en los mecanismos de inspección y vigilancia del Ministerio de Educación habrían permitido que se expidieran documentos académicos presuntamente irregulares a nombre de Juliana Guerrero. Este contexto sugiere que los procedimientos internos y las auditorías externas deben fortalecerse para garantizar la transparencia en la certificación de estudios superiores.
En Colombia, el Ministerio de Educación Nacional es el organismo encargado de supervisar la correcta emisión de títulos universitarios y de regular los estándares de calidad de las instituciones de educación superior. Casos como el señalado por Pedraza obligan a revisar y fortalecer las rutas de inspección de documentos académicos, la integración de bases de datos y la verificación cruzada a través de entidades como la Dian. Así, la discusión sobre los controles no solo se circunscribe a los procesos universitarios internos, sino que involucra también la responsabilidad de las autoridades estatales para evitar que estas irregularidades pongan en entredicho la legitimidad del sistema educativo y, por extensión, de los funcionarios públicos que de él provienen.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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