Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), defendió la actuación de su entidad ante el asesinato de Miguel Uribe Turbay, calificándolo como un caso atrapado en un vacío normativo exacerbado por limitaciones presupuestales. Así lo detalló en una entrevista reciente con Mañanas Blu.
(Vea también: La pista muy avanzada que hay sobre la orden que dieron para asesinar a Miguel Uribe Turbay)
Miguel Uribe Turbay fue asesinado en diciembre de 2025 en circunstancias que al parecer desafían las normativas de actuación de la UNP. Dicha situación ha suscitado un amplio debate sobre las responsabilidades en seguridad de candidatos políticos. Rodríguez aclara que la UNP no estaba facultada para intervenir ya que Uribe Turbay era entonces precandidato presidencial, una figura no reconocida en la normativa electoral colombiana ni en los protocolos de la propia UNP.
“La palabra precandidato no existe en el lenguaje electoral ni en el lenguaje de protección de la UNP”, precisó Rodríguez. Siguiendo lo dictado por la normativa entonces vigente, argumentó que los decretos solo incluían protección para candidatos formalmente registrados durante la campaña electoral. El funcionario explica a Blu que esto evitó que se activara el CORMPE, responsable de evaluar amenazas contra candidatos –no precandidatos- en contienda.
Rodríguez también aclaró detalles sobre el convenio interadministrativo con el Congreso que permite la protección compartida de congresistas como Uribe Turbay con la Policía Nacional. Esta última es la encargada de coordinar los análisis de riesgo y autorizar refuerzos de seguridad si fuera necesario.
“Tuvieron que matar un candidato para darse cuenta de esto”, le dijo un periodista de la emisora, a lo que Rodríguez respondió friamente: “Sí, lamentablemente”.
Por otro lado, el director de la UNP insiste en que ninguna de las peticiones de refuerzo que se le atribuyen al senador llegó a su entidad. Esta declaración viene en respuesta a las afirmaciones del abogado Víctor Mosquera quien sostiene que hubo un acto de desprotección por parte de la UNP.
Respecto a las 20 cartas enviadas por Uribe Turbay y su equipo a la UNP, solicitando apoyo de seguridad para viajes a otras ciudades, Rodríguez las califica como peticiones operativas y sin capacidad de respuesta autónoma de la UNP, especialmente fuera de Bogotá.
El director de la UNP también declaró que la imputación de cargos por prevaricato por omisión, presentada por la Fiscalía 295 y posteriormente revocada, presentaba una serie de irregularidades. “Algo raro estaba pasando”, comentó a Mañanas Blu, mencionando su sorpresa por no haber sido citado formalmente.
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