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A casi diez años de la firma del Acuerdo de Paz, la Contraloría General de la República ha emitido una alerta contundente: las extintas Farc no han cumplido con la entrega de la totalidad de los bienes y dineros prometidos para la reparación de las víctimas del conflicto armado.
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Según el ente de control, la entrega de estos activos no alcanza ni siquiera el 10 % de lo pactado inicialmente, lo que deja al Estado sin recursos suficientes para cumplir con los procesos de indemnización.
Una de los hallazgos más graves detallados por la Contraloría es la entrega de moneda falsificada, pues la extinta guerrilla se había comprometido a entregar 450.000 dólares en efectivo; sin embargo, tras el proceso de monetización realizado por la Sociedad de Activos Especiales (SAE), se detectó que 1.500 dólares eran falsos.
También hay una diferencia de dinero importante entre lo acordado y lo entregado. Mientras el compromiso era entregar más de 12.070 millones de pesos, el Estado sólo ha recibido 2.114 millones de pesos, siendo esto apenas el 17 % de lo que se pactó en el acuerdo de paz.
El incumplimiento se traslada a otros activos estratégicos, pues en el caso del oro, sólo se han entregado 252.000 de los 440.000 gramos acordados y respecto a las cabezas de ganado, se han recibido 258 de 24.000 unidades prometidas.
Sobre los otros bienes, de los 722 inmuebles reportados solo se ha entregado 1 el cual presenta irregularidades documentales que impide su monetización. De 51.992 bienes muebles se han entregado 1.830 y de 319 medios de transporte el Estado ha recibido 31 unidades.
⚠️Los bienes entregados por las #FARC al Estado no cumplen con lo acordado, lo que pone en riesgo la efectividad de la justicia transicional.
📌La @activosSAE administra el patrimonio, y la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (#UARIV) es la… https://t.co/AFsuWdIMtb pic.twitter.com/KpDE82V4VR
— Contraloría General de la República de Colombia (@CGR_Colombia) January 20, 2026
La falta de cumplimiento por parte de las Farc pone en duda la viabilidad operativa de las órdenes impartidas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
La contralora delegada para el sector Justicia, Jenny Lindo, advirtió en una entrevista para Caracol Radio que la reparación dispuesta en las dos primeras sentencias de la JEP presenta un desfinanciamiento del 83,6 % para el año 2026.
(Lea también: Betancourt enfrenta a exjefes de las Farc: ¿es suficiente el monitoreo electrónico como castigo?)
La auditoría de cumplimiento del acuerdo 2023-2025 también reveló que instituciones clave como la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), la Defensoría del Pueblo y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) presentan deficiencias materiales en la ejecución de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad.
El ente regulador subrayó en el informe que la SAE no ha cumplido con la verificación de caletas cuyas coordenadas fueron entregadas por las Farc, algo que sumado a la ineficiencia administrativa de los últimos gobiernos, ha profundizado la incertidumbre sobre la efectividad de la justicia transicional.
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