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Colombia se enfrenta a una de las crisis más delicadas en la antesala de las elecciones de 2026. El crecimiento y la dispersión de los grupos armados ilegales ha intensificado el control sobre extensos territorios, condicionando gravemente el ejercicio democrático de millones de ciudadanos. Según Semana, el influjo de estas organizaciones no ha sido uniforme, sino que en los últimos cuatro años se ha multiplicado: el dominio criminal se expandió de 150 a más de 600 municipios, lo que de inmediato pone en duda la legitimidad del proceso electoral en gran parte del país.
En estos escenarios, actores como las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Clan del Golfo y los Conquistadores de la Sierra han consolidado su presencia mediante el establecimiento de normas propias. Imponen restricciones de movilidad, deciden qué líderes o candidatos pueden hacer campaña y condicionan la participación política de las comunidades. Departamentos como Caquetá, Putumayo, Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Norte de Santander, Antioquia y Meta concentran el mayor nivel de riesgo, donde cerca de nueve millones de ciudadanos habilitados para votar viven bajo la amenaza directa de estos grupos.
Los mecanismos de coacción revelados por El Diario incluyen desde la entrega forzada de listados de votantes y preferencias políticas al control absoluto sobre los horarios de movilización, pasando por la carnetización obligatoria para ejercer derechos ciudadanos. En territorios como el Catatumbo, la voz de los líderes sociales refleja la realidad: solo tienen acceso a la política quienes cuentan con la venia armada. En municipios de Cauca, Nariño y Jamundí, el fenómeno de la votación en bloque es tan recurrente que desaparece la posibilidad de elegir libremente.
Lina Tabares, defensora de derechos humanos asociada a Fundterpaz, describió el ambiente con una frase lapidaria: el miedo se ha transformado en terror y denunciar cualquier hecho expone a la población a represalias inmediatas. Las grandes ciudades tampoco son inmunes; según fuentes recogidas por El Diario, en lugares como Medellín, Barranquilla y Soledad, el proselitismo está mediatizado por estructuras criminales vinculadas al narcotráfico y la violencia política.
Frente a este panorama, las instituciones intentan dar respuestas. La Federación Nacional de Departamentos exigió al Gobierno una intervención urgente, mientras que la Registraduría Nacional del Estado Civil identificó a más de 100 municipios con alertas críticas, aún con la planeación de instalar 7.450 puestos rurales de votación. Iris Marín, representante de la Defensoría del Pueblo, reclamó políticas diferenciadas dada la fragmentación de los actores armados, mientras la Misión de Observación Electoral (MOE) demandó fortalecer la protección a funcionarios y materiales electorales, así como la presencia de la fuerza pública.
Pese a la firma del acuerdo de paz en 2016, las cifras evidencian un retroceso: la violencia política aumentó un 179 % entre 2022 y 2025, de acuerdo con la MOE. En los territorios donde convergen la pobreza, la institucionalidad débil y el autoritarismo de los grupos armados, el sufragio libre parece desvanecerse. La presión de las armas redefine la democracia, y la votación termina siendo una formalidad subordinada al miedo y no a la voluntad popular.
¿Qué es el Plan Democracia y por qué se solicita su fortalecimiento para las elecciones?
El Plan Democracia es una estrategia estatal diseñada para brindar seguridad y garantizar el ejercicio pacífico de los derechos electorales durante jornadas comiciales, principalmente protegiendo a los electores, candidatos, funcionarios y materiales de votación. En el contexto actual de Colombia, donde existen alertas por la expansión de grupos armados ilegales, este plan cobra especial relevancia.
Ante el incremento de zonas bajo dominio criminal y el aumento de riesgos para la integridad de las elecciones, entidades como la Federación Nacional de Departamentos han solicitado reforzarlo. El fortalecimiento del Plan Democracia implica mejorar la coordinación entre fuerzas del Estado, ofrecer acompañamiento militar y policial en los territorios más vulnerables, y garantizar la libertad de elección para todos los colombianos, alejando la sombra de la violencia del proceso electoral.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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