El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad.
La región del Catatumbo, en el nororiente de Colombia, vive actualmente una de sus más agudas crisis humanitarias tras haberse roto hace un año el precario equilibrio armado. Desde enero de 2025, la confrontación entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Frente 33, una de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), ha intensificado la violencia en toda la zona. Esta situación ha provocado no solo una multiplicación de víctimas civiles, sino también una radical transformación en las condiciones de seguridad de los firmantes del Acuerdo de Paz, quienes se han convertido en uno de los sectores más vulnerables y amenazados, según reporta la Defensoría del Pueblo y el Registro Único de Víctimas.
Durante este último año, se registraron al menos 105,203 víctimas que sufrieron confinamientos, desplazamientos, amenazas de muerte y asesinatos, conforme a cifras oficiales citadas en el informe. Entre ellos se encuentran firmantes de paz, muchos de los cuales tuvieron que abandonar sus lugares de residencia para salvaguardar sus vidas y sostener sus proyectos productivos. Uno de los eventos significativos en la escalada de la violencia fue el asesinato de seis firmantes de paz, lo que llevó a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) a ordenar el traslado urgente de 124 firmantes en riesgo e intentar ubicar a otros 12 desaparecidos, particularmente en los municipios más afectados de la región.
La persecución contra los firmantes fue corroborada por Camilo González Posso, jefe negociador del Gobierno con la disidencia de Calarcá Córdoba, quien señaló que existe una “orden de aniquilamiento” contra ellos por parte de los grupos armados recientes, obligándolos a elegir entre alinearse o enfrentarse a la violencia. Un boletín oficial de la Gobernación de Norte de Santander da cuenta de los crímenes y desapariciones de firmantes, así como el asesinato de líderes sociales y desplazamientos masivos, llegando a contabilizarse cerca de 240 firmantes forzados a migrar a otras regiones.
Lucy Soto, lideresa y firmante de paz, relató a Colombia+20 que, ante la crisis, incluso para desplazarse entre municipios es necesario coordinar caravanas humanitarias, y la movilidad permanece restringida en comunidades como Tibú y Ocaña. El miedo, la amenaza directa y la zozobra son una constante en la vida diaria de quienes han optado por continuar en el territorio.
El panorama para los firmantes desplazados sigue siendo incierto: muchos no han logrado acceder a tierra ni establecerse de manera definitiva, mientras otros jornalean en diversos departamentos a la espera de soluciones. De acuerdo con el Consejo Nacional de Reincorporación (CNR), parte de los firmantes y sus familias sufrieron desplazamientos múltiples, primero a fincas en Puerto Boyacá y luego a ciudades como Bogotá y Tolima donde encontraron procesos de estigmatización y dificultades para la reintegración.
En cuanto al acceso a la tierra y la consolidación de proyectos productivos, instituciones como la Unidad de Implementación, la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) y organismos cristianos y de pastoral social, han promovido compras y entrega de predios, además de iniciativas agropecuarias y de confección para mujeres. Sin embargo, este proceso ha sido lento y en constante seguimiento, tal como se expuso durante una audiencia pública en el Palacio de Justicia en noviembre pasado, donde se insistió en acelerar las medidas de protección y garantía para estos excombatientes.
La seguridad de los firmantes sigue siendo una tarea pendiente. Según el CNR, aunque existen mesas técnicas y articulaciones institucionales para el seguimiento a las amenazas, la situación rebasa con frecuencia sus capacidades. La JEP, además, ha brindado acompañamiento jurídico y político a los familiares de los asesinados y desaparecidos, exigiendo respuestas frente a la persecución y demandando acciones estatales eficaces para garantizar la reincorporación y la vida digna de quienes firmaron la paz.
Ante la persistencia de la violencia y el estancamiento de soluciones estructurales en materia de tierra, seguridad y reintegración, la pregunta sobre el futuro de la paz en el Catatumbo sigue más vigente que nunca.
¿Por qué ha sido tan difícil la garantía de seguridad para los firmantes del Acuerdo de Paz en el Catatumbo?
El interrogante sobre la dificultad en la protección de los firmantes se vuelve crucial ante el panorama descrito. La combinación de la expansión de violentos grupos armados como el ELN y el Frente 33, la fragmentación del control territorial, y la persistente ausencia de un Estado capaz de garantizar plenamente la vida y los derechos en la región, configura un escenario sumamente complejo. Instituciones como la Defensoría del Pueblo y la Jurisdicción Especial para la Paz han alertado sobre el riesgo permanente en que viven quienes hicieron parte del proceso de reincorporación, pero las respuestas han resultado insuficientes frente a la magnitud del problema.
Los desplazamientos múltiples, las amenazas, la falta de acceso a tierras y las respuestas fragmentadas de las entidades estatales muestran que, aunque existen esfuerzos y acompañamientos, persisten desafíos estructurales. La violencia en el Catatumbo pone a prueba no solo la sostenibilidad del Acuerdo de Paz, sino también la capacidad del Estado colombiano para impedir que la guerra siga definiendo el destino de quienes apostaron por dejar las armas y construir una vida en paz.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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