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El presidente Gustavo Petro ha revocado el reconocimiento de Iván Márquez como representante oficial de la disidencia armada Segunda Marquetalia en la mesa de diálogos de paz con el Gobierno colombiano. Esta determinación también implica la reactivación de las órdenes de captura en su contra, decisión que fue motivada por la ausencia sostenida de Márquez desde noviembre de 2024. De acuerdo con el artículo consultado, este giro en la política de interlocución con los grupos armados responde al reajuste en las prioridades del Gobierno, privilegiando a otras estructuras disidentes que han mantenido su participación activa en el proceso de diálogo.
Iván Márquez, figura central y exjefe guerrillero fundador de la Segunda Marquetalia, se distanció de las negociaciones formales tras emitir en noviembre de 2024 una comunicación unilateral, en la que dejó claro su rechazo a seguir con las reuniones planificadas. Esta ruptura truncó el proceso que había comenzado oficialmente en febrero del mismo año. Con su exclusión, se deja sin efecto la Resolución 258 de julio de 2024 que lo acreditaba como vocero, y se notifica formalmente a las autoridades judiciales para proceder con su búsqueda y captura, generando inmediatas consecuencias en el terreno legal y en la estructura de poder de la disidencia.
El relevo de Márquez en las conversaciones de paz externa no solo evidencia las divisiones al interior de las disidencias, sino que marca una transformación relevante en el abanico de actores involucrados en el proceso. Las organizaciones que han optado por continuar el diálogo –entre ellas, la Coordinadora Guerrillera del Pacífico y los Comandos de la Frontera– han unido esfuerzos bajo la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano. Este nuevo bloque concentra actualmente las negociaciones con el Gobierno en regiones especialmente sensibles para la seguridad nacional, como el suroccidente y la frontera con Ecuador.
El Instituto Kroc de Estudios Internacionales de Paz de la University of Notre Dame resalta que una de las complejidades fundamentales de estos intentos de pacificación radica en la coexistencia de una pluralidad de grupos armados y la profunda desconfianza entre estos actores y el Estado colombiano. Las constataciones del instituto apuntan a que la imposibilidad de articular un dominio unificado sobre estos procesos termina provocando cambios reiterados en los interlocutores y recurrentes crisis de gobernabilidad regional.
Los especialistas en conflicto armado, como Santiago Rivas de la Universidad de los Andes, han señalado que la falta de líderes visibles durante los diálogos arriesga la construcción de condiciones mínimas para la desmovilización de combatientes y, en consecuencia, afecta la protección de la población civil. Mientras tanto, se esperan avances como la anunciada entrega para destrucción de 14 toneladas de material bélico en Nariño y Putumayo, lo cual puede ser interpretado como una señal parcial de control sobre el armamento, a pesar de la persistente violencia en zonas alejadas de los centros urbanos.
El desarrollo de la mesa de diálogo y los cambios en su composición plantean interrogantes sobre la capacidad real del Estado para sostener canales efectivos de interlocución y para velar por los derechos humanos en regiones históricamente afectadas. Organizaciones internacionales como Human Rights Watch han documentado los riesgos de retrocesos y el impacto negativo que eventuales incumplimientos pueden tener sobre la credibilidad y el alcance del proceso de paz. En suma, la exclusión de Márquez y el reforzamiento de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano reflejan tanto los desafíos como las oportunidades de un proceso negociador marcado por la fragmentación y la volatilidad interna de los actores armados.
¿Por qué la ausencia de liderazgo afecta la negociación de paz?El retiro de líderes representativos como Iván Márquez dificulta la consolidación de compromisos efectivos entre las partes. Sin figuras visibles que encabecen el diálogo, disminuye la posibilidad de construir acuerdos confiables que faciliten la desmovilización y la reintegración de combatientes a la vida civil. Según expertos citados en el artículo como Santiago Rivas, esta situación incrementa la inseguridad para la población civil en regiones donde operan los grupos armados, y contribuye al estancamiento o fracaso de resultados concretos en el proceso de paz.
La ausencia de liderazgo también repercute en la credibilidad nacional e internacional del proceso negociador. Sin interlocutores claros, el Gobierno enfrenta mayores dificultades para coordinar acciones con las comunidades afectadas y con organismos de seguimiento, como el Instituto Kroc o Human Rights Watch, que demandan garantías para verificar avances y el respeto por los derechos humanos.
¿Qué es la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano?La Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano surge como una unión de diversas estructuras armadas, entre ellas la Coordinadora Guerrillera del Pacífico y los Comandos de la Frontera, que decidieron continuar activamente en las mesas de diálogo tras la exclusión de Iván Márquez. Su aparición busca consolidar la representación de disidencias armadas en regiones focalizadas del conflicto, principalmente el suroccidente colombiano y la frontera con Ecuador.
El contexto presentado en el artículo indica que este nuevo bloque aspira a fortalecer la interlocución con el Gobierno e intentar articular una postura unificada en las negociaciones. Al hacerlo, busca ofrecer mayores garantías de cumplimiento en la ruta hacia la paz, aunque el historial de fragmentación de estos grupos impone retos importantes para la permanencia y legitimidad del proceso.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
Estados Unidos critica a Petro en la ONU y evalúa si continúa apoyo a Colombia en el Acuerdo de Paz
Estados Unidos lanzó fuertes críticas al presidente Gustavo Petro durante la más reciente sesión del Consejo de Seguridad de la ONU, en la que se presentó el informe trimestral sobre la paz en Colombia. El representante estadounidense, Mike Waltz, acusó al Gobierno de usar “retórica incendiaria” y de impulsar políticas que, según Washington, socavan los avances hacia una paz duradera. Además, cuestionó la ampliación del mandato de la Misión de Verificación, señalando que se ha desviado de su objetivo inicial —la desmovilización de las Farc— para centrarse en lo que calificó como “prioridades políticas excesivas”, como la JEP y el apoyo a minorías étnicas.
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