El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad.
Las primeras 24 horas del paro armado instaurado por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) han dejado un saldo preocupante en distintas regiones de Colombia, con un clima de tensión y temor entre los habitantes. El paro, anunciado por esta guerrilla y planeado hasta el 17 de diciembre, ha tenido repercusiones inmediatas y violentas en departamentos como Norte de Santander, Cesar, Antioquia y Cauca, impactando la movilidad y la seguridad de la población civil. Según información obtenida por El Espectador, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, declaró la disposición de pagar hasta 200 millones de pesos colombianos (COP) en recompensa a quienes aporten datos valiosos para desarticular el accionar terrorista de este grupo y ubicar a sus principales cabecillas.
En Norte de Santander, la situación se tornó especialmente grave, con carreteras bloqueadas por la presencia de cilindros bomba—artefactos explosivos improvisados—que obligaron a la intervención de unidades especializadas del Ejército Nacional para su desactivación. Uno de los episodios más lamentables ocurrió en este mismo departamento, donde un conductor de ambulancia perdió la vida tras ser alcanzado durante un ataque armado contra la estación de Policía de Puerto Santander. La violencia también se manifestó en la Ruta del Sol, en Cesar, donde una tractomula atravesada en la vía, atribuida al ELN, detuvo el tráfico por horas, según el secretario de gobierno de Cesar, Eduardo Esquivel López. Él enfatizó el trabajo coordinado con el ejército para fortalecer patrullajes y proteger a la población civil, y señaló la implementación de un “plan de choque” para contrarrestar nuevas acciones violentas.
En Antioquia, los hechos fueron igualmente alarmantes. Hombres armados, aparentemente integrantes del ELN, interceptaron e incineraron un bus intermunicipal en el municipio de Valdivia, bloqueando una de las rutas principales entre Medellín y la Costa Atlántica. Los actos de intimidación han incluido la instalación de banderas guerrilleras y la colocación de obstáculos como árboles caídos y artefactos explosivos a lo largo de los corredores viales en varios municipios tanto de Cauca como del norte del país.
La presencia del ELN también se manifestó visiblemente a través de banderas, grafitis y cilindros marcados en municipios como Cajibío, Piendamó, Patía, Caldono y Santander de Quilichao en el Cauca, lo que obligó al cierre temporal de tramos clave como la vía Panamericana entre Popayán y Cali. Además, la Dirección Nacional del ELN y su Frente de Guerra Urbano Nacional respaldaron el paro armado con amenazas expresas sobre seis ciudades principales, entre ellas Bogotá, Medellín, Cali y Cúcuta, advirtiendo a la población evitar desplazamientos y atentando así contra el derecho a la libre movilidad.
Frente a este panorama, el presidente Gustavo Petro rechazó categóricamente el paro armado, ordenando a las fuerzas públicas intervenir con firmeza para proteger a la ciudadanía. Así mismo, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo exigieron medidas urgentes para salvaguardar la integridad de los colombianos y evitar que la intimidación paralice al país. Los hechos demuestran la capacidad del ELN para alterar la cotidianidad y la necesidad de acciones coordinadas entre autoridades nacionales y locales, tal como destaca El Espectador en sus reportes sobre la situación.
¿Qué es un paro armado y cómo afecta a las regiones?
El término “paro armado” en Colombia hace referencia a una estrategia de presión empleada por grupos ilegales como el ELN, consistente en imponer restricciones forzadas al tránsito, la actividad comercial y la movilidad de la población en ciertas zonas, a menudo mediante amenazas, atentados o la presencia de explosivos y retenes ilegales. Esta modalidad de intimidación busca cohesionar el control territorial de las agrupaciones insurgentes y someter a la población a sus dictámenes.
La relevancia de entender qué implica un paro armado radica en su impacto directo sobre los derechos fundamentales de la población, especialmente la libertad de circulación y la seguridad. Durante estos paros se incrementan los riesgos de violencia y se afectan las actividades económicas, sociales y familiares, obligando a las autoridades a destinar recursos excepcionales para la prevención de nuevos incidentes y la protección de los habitantes vulnerables. ¿Deberían fortalecerse las estrategias de prevención y asistencia a las regiones más afectadas por estos fenómenos?
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
¿Qué dijo Gustavo Petro sobre tensión entre Estados Unidos y Ecuador?
El presidente Gustavo Petro encabezó en Puerto Asís, Putumayo, el acto protocolario de destrucción de material bélico entregado por la disidencia conocida como Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), como parte de los avances hacia la paz total.
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