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En medio del proceso de empalme que ya adelanta la saliente administración de Gustavo Petro con la del presidente electo Abelardo de la Espriella, los entes de control hicieron un llamado para que en medio de la entrega de información no se interrumpa el servicio público y se eviten problemas disciplinarios o fiscales.
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La Procuraduría y la Contraloría expidieron una directiva conjunta en la que trazaron las reglas que deben cumplir desde la Casa de Nariño. Además, resaltaron que la información que debe compartir el equipo de Petro con el de De la Espriella debe incluir “la totalidad de los temas a cargo de la administración, así como la gestión adelantada respecto de los recursos financieros, humanos y administrativos asignados para hacerlos efectivos.
Se trata de un deber que no admite excepciones y cuyo incumplimiento puede dar lugar a las investigaciones establecidas por el ordenamiento jurídico”. En el documento, la Procuraduría y la Contraloría resaltaron que “los integrantes del gobierno saliente deben: identificar y dejar constancia de aquellos asuntos que involucren el ejercicio de competencias concurrentes entre distintos niveles de gobierno”.
La finalidad, recordaron, es “permitir a la administración entrante conocer el alcance de las obligaciones institucionales en curso, las entidades comprometidas y las medidas que deban mantenerse, ajustarse o articularse para asegurar la continuidad de la gestión pública”.
En la directiva también le piden a la administración saliente “verificar que la totalidad de los contratos suscritos, ejecutados, liquidados y aquellos que se encuentren en curso hayan sido publicados en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP-”. Los entes de control resaltaron que “debe entregarse a la administración entrante información clara, completa y actualizada sobre los contratos cuyo plazo de ejecución esté próximo a vencer y respecto de los cuales sea necesario estructurar nuevos procesos de selección; el estado de avance de los procesos contractuales en curso; y los contratos respecto de los cuales las obras, bienes o servicios contratados presenten dificultades de ejecución, incumplimientos, controversias o procedimientos administrativos sancionatorios en trámite”.
En el documento le hacen una invitación a los funcionarios del gobierno de Gustavo Petro y a los de la rama judicial que participen del proceso para que “los informes de empalme y sus documentos soporte sean publicados y permanezcan disponibles para consulta pública en los canales institucionales dispuestos para tal efecto, salvo las excepciones de reserva o clasificación de la información previstas en la Ley”.
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La directiva pide también “suministrar información suficiente, verificable y oportuna sobre los asuntos administrativos, contractuales, presupuestales y misionales a su cargo, con el fin de garantizar la continuidad del servicio público, la adecuada transición institucional y evitar la configuración de eventuales responsabilidades disciplinarias, fiscales o de otra naturaleza, conforme al régimen aplicable”.
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