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Los ministros del Interior, Rodrigo Lara, y de Justicia, Iván Cancino, presentaron ante el Congreso de Colombia una ambiciosa hoja de ruta que busca transformar la política de paz en el país. La iniciativa, impulsada por el gobierno de Abelardo de la Espriella, pretende establecer un nuevo marco jurídico que permita el sometimiento de grupos criminales, modificando profundamente la Ley de Orden Público aprobada en 1994. Según información de El Espectador, el proyecto incluye 22 artículos detallados y se complementa con el estatuto antiterrorista, generando intensos debates y diversas posturas tanto en el gobierno como en la oposición.
Durante la presentación, el ministro Iván Cancino enfatizó que una de las prioridades de la política criminal actual es someter a los delincuentes utilizando herramientas jurídicas y privilegiando siempre las vías legales y pacíficas. El documento defiende el enfoque de eliminar cualquier reconocimiento político a criminales y dejar de usar figuras como la de “gestor de paz”, que cobraron notoriedad durante el mandato de Gustavo Petro. Este posicionamiento fue bien recibido por aliados del Ejecutivo, quienes consideran que representa un cambio necesario y contundente en el combate contra organizaciones criminales.
Honorio Henríquez, presidente del Senado, afirmó que se trata de una “herramienta necesaria”, indicando que la discusión tendrá celeridad, dada la urgencia con la que fue presentado el proyecto. La propuesta permitirá que tanto Senado como Cámara sesionen conjuntamente, agilizando la toma de decisiones. Por su parte, el senador Hernán Cadavid expresó preocupación ante posibles beneficios excesivos como los que, según él, se otorgaron durante la implementación de la llamada “paz total”, y destacó la importancia de que la política criminal no devenga en negociaciones políticas. El representante Julio César Triana también manifestó su apoyo, resaltando que se pone fin a la lógica de premiar a quienes delinquen.
No obstante, la oposición, especialmente desde el Pacto Histórico, mantiene sus reservas. Para Gustavo Bolívar, exsenador y exdirector del Departamento de Prosperidad Social, el texto abre la posibilidad de otorgar beneficios a reclutadores de menores, y criticó las rebajas de penas propuestas, asegurando que ni la ley ‘Justicia y paz’ llegó tan lejos. La exministra Ángela María Buitrago advirtió, además, que el proyecto no diferencia entre Grupos Armados Organizados (GAO) y otras estructuras criminales de alto impacto, lo que considera un vacío relevante en el enfoque presentado.
El texto principal establece, entre otras condiciones, que la interlocución con grupos ilegales se haga por medio de abogados, limita el escenario de negociación y establece compromisos claros para quienes busquen acceder a beneficios y rebajas de penas, que oscilarán entre un 30 % y un 50 %, según el rol criminal. La modificación propuesta se aplica a la Ley 418 de 1997, instrumento que ha guiado por casi tres décadas los procesos de paz en Colombia y cuya vigencia está próxima a expirar. Por ahora, el Congreso tendrá que pronunciarse en las siguientes semanas sobre el futuro de esta nueva política de sometimiento criminal.
Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
¿Cómo funcionará el nuevo modelo de sometimiento de grupos criminales en Colombia?
El nuevo modelo, planteado por el gobierno de Abelardo de la Espriella y presentado en el Congreso, propone que los miembros de grupos criminales se sometan a la justicia bajo condiciones establecidas en 22 artículos. Incluye procesos de interlocución por medio de abogados, limitación de escenarios y compromisos específicos para acceder a rebajas de penas, que pueden ir del 30% al 50%, según la responsabilidad dentro del grupo ilegal. Además, desaparece cualquier reconocimiento político a estos grupos y reemplaza figuras como la de “gestor de paz”.
¿Qué diferencia hay entre un Grupo Armado Organizado (GAO) y una estructura criminal de alto impacto?
Según lo expresado por Ángela María Buitrago, exministra de Justicia citada en El Espectador, es clave distinguir entre un GAO y una estructura criminal de alto impacto. Un GAO es una organización armada que opera con cierta estructura y jerarquía, mientras que una estructura de alto impacto puede involucrar actividades criminales complejas sin necesariamente tener la misma organización militar. Ella advierte que el proyecto actual no distingue entre ambas, lo que representa un desafío serio para su aplicación y efectividad.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
Balance del terremoto, según el presidente
El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.
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