La vigilancia sobre los altos funcionarios del Gobierno Nacional se intensifica. En una reciente intervención en el programa ‘La Luciérnaga’ de Caracol Radio, el procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, lanzó una fuerte advertencia que sacude al gabinete del presidente Gustavo Petro. Según el jefe del organismo de control, varios ministros enfrentan actualmente expedientes disciplinarios bajo la sospecha de haber incurrido en una falta que la ley colombiana castiga con severidad: la participación indebida en política.
Eljach fue enfático al señalar que, aunque el ejercicio del cargo otorga poder e influencia, este no puede ser desviado para favorecer o atacar campañas electorales. Durante la entrevista, detalló que el Ministerio Público tiene bajo la lupa a diversos integrantes del gabinete, con investigaciones que transitan por distintas etapas procesales. “Contra varios ministros ya existen procesos”, afirmó el funcionario, haciendo especial hincapié en un caso particular que acumula múltiples quejas ciudadanas. Según explicó, mientras algunos expedientes están en etapa de recolección de pruebas o indagación preliminar, otros ya están listos para ser calificados y avanzar hacia posibles sanciones.
El balance entregado por la Procuraduría es contundente: a nivel nacional, existen 89 procesos vigentes contra servidores públicos por irregularidades ligadas a la intervención en la contienda política. De este total, cuatro casos ya están en una fase crítica, próximos al llamado de pliego de cargos, la etapa previa a la sanción definitiva. Eljach lamentó que la administración pública en Colombia tenga una tendencia recurrente a exceder los límites legales. “Los servidores públicos somos muy dados a meternos a hacer política en aquellas cosas que está prohibido”, manifestó, señalando que la misión del ente de control es reaccionar de forma inmediata para garantizar la transparencia democrática.
La normativa vigente es clara y restrictiva. El procurador recordó que un funcionario no puede utilizar su posición para hacer campaña, pararse en tarimas proselitistas ni utilizar el erario para financiar aspiraciones propias o ajenas. Uno de los puntos de mayor vigilancia es el uso de bienes del Estado. Eljach diferenció el ámbito privado del público con un ejemplo sencillo: mientras que usar un carro particular para transportar a un candidato no constituye una falta disciplinaria, el uso de un vehículo oficial para el mismo fin activa automáticamente las alarmas de la Procuraduría.
Otro frente de preocupación para el organismo de control es el manejo de la contratación pública y el posible constreñimiento a subalternos. Eljach mencionó que es sospechoso observar cómo la contratación de personal transitorio suele coincidir con los días previos a las votaciones. “La suspicacia es tremenda”, advirtió, señalando que estas conductas no solo son faltas disciplinarias, sino que pueden escalar al ámbito penal en coordinación con la Fiscalía General de la Nación si se detecta que se está coaccionando el voto de contratistas o empleados.
Finalmente, respecto al papel del presidente Gustavo Petro, el procurador delimitó sus competencias. Aclaró que, por mandato constitucional, la Procuraduría no tiene la facultad de investigar al primer mandatario, pues dicha responsabilidad recae exclusivamente en la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes. Por tanto, los esfuerzos del ente de control seguirán concentrados en los ministros, gobernadores y alcaldes que deben mantener la neutralidad en medio de las crecientes tensiones políticas del país.
* Pulzo.com se escribe con Z
LO ÚLTIMO
.svg)
