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A la espera del último debate sobre la ley de sometimiento en el Congreso, el entorno político se encuentra marcado por las recientes observaciones que emitieron las máximas autoridades judiciales del país. El Consejo de Política Criminal, organismo que asesora sobre propuestas legislativas en materia penal, entregó un documento clave para los congresistas, quienes deben decidir el futuro del proyecto presentado por el gobierno de Abelardo de la Espriella. Entre los puntos principales del concepto, se destaca la petición de la Defensoría del Pueblo para evaluar a fondo la proporcionalidad de las penas contempladas en el articulado, además de otros aspectos relacionados con beneficios y condiciones de sometimiento.
De acuerdo con el informe del Consejo de Política Criminal citado por El Espectador, se evidenciaron fracturas en el esquema de sometimiento previo, impulsado por el gobierno de Gustavo Petro. La entidad señaló, a partir de registros entre diciembre de 2022 y julio de 2026, un aumento del 90 % en el número de integrantes de grupos armados ilegales. Además, enfatizó que ningún proceso de desarme alcanzó resultados efectivos, y que, por el contrario, organizaciones ilegales lograron expandirse territorialmente, lo que derivó en un incremento de extorsiones y reclutamiento forzado, según autoridades consultadas en el informe.
El concepto también subraya que la nueva ley de sometimiento establece un curso legal unilateral, basado en la entrega de bienes ilícitos, la aplicación de justicia ordinaria y la intervención territorial integral, siempre bajo la condición de no hacer reconocimientos políticos a los actores involucrados en actividades ilegales. Entre las garantías exigidas, se mencionan la permanencia de la acción de la Fuerza Pública y la prohibición de suspender órdenes de captura o extradición, elementos que el Consejo consideró esenciales para aumentar el margen de éxito de la estrategia estatal.
En tanto, la Fiscalía manifestó la necesidad de revisar una posible nueva unidad para procesos de sometimiento, lo que ahora dependerá de la capacidad presupuestal que evalúe el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Por su parte, la Defensoría del Pueblo se mostró preocupada porque algunas penas base quedaban en 10 años, sin considerar colaboraciones con la justicia. Ante esa inquietud, el proyecto fue ajustado, y para delitos como lavado de activos, testaferrato y enriquecimiento ilícito, se amplió el requisito para conceder la suspensión condicional de la pena, condicionado a la entrega total de los bienes ilícitos, previa verificación de la Fiscalía.
El destino del proyecto de ley, con estas modificaciones, se resolverá en la plenaria del Senado, con plazo hasta el miércoles 4 de noviembre para su aprobación. El debate final se anticipa crucial para el futuro de la política criminal en Colombia.
¿Qué propone la nueva ley de sometimiento del gobierno de Abelardo de la Espriella?
La nueva ley de sometimiento presentada por el gobierno de Abelardo de la Espriella propone un marco legal unilateral de sometimiento a la Constitución y la ley, incluye la entrega real de bienes ilícitos, el procesamiento en la justicia ordinaria, la intervención territorial integral y beneficios condicionados, sin ningún reconocimiento político a los actores ilegales, según el Consejo de Política Criminal.
¿Cuáles son las principales observaciones de la Defensoría del Pueblo sobre la ley de sometimiento?
La Defensoría del Pueblo observó que se debían revisar la proporcionalidad de las penas, especialmente en delitos como lavado de activos, testaferrato y enriquecimiento ilícito. Ante su sugerencia, el proyecto fue modificado para exigir la entrega total de bienes ilícitos y ajustar el tiempo de ejecución de la pena para acceder a la suspensión condicional, como lo indica el informe del Consejo de Política Criminal.
Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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Balance del terremoto, según el presidente
El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.
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