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La reciente decisión en el subcaso Casanare, enmarcado dentro del macrocaso 03 de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), ha revelado la existencia de una estructura criminal dentro de la Brigada XVI del Ejército colombiano que, entre 2002 y 2008, se dedicó de manera sistemática al asesinato de civiles con el fin de presentarlos como guerrilleros caídos en combate. Este hecho, lejos de ser aislado, constata una de las problemáticas más dolorosas y documentadas del conflicto armado en Colombia: la práctica de los denominados falsos positivos, que, según la fuente original, dejó al menos 6.402 víctimas a través de ejecuciones extrajudiciales y manipulaciones para inflar los resultados militares.
En la resolución encabezada por el magistrado Óscar Parra, se desenmascara una “práctica sistemática de asesinatos ilegales” que se habría impulsado por presiones internas y recompensas institucionales, lo cual llevó a una competencia distorsionada dentro de las fuerzas armadas para mostrar supuestos logros en el combate. Entre los procesados se encuentran altos rangos militares como el mayor general Henry William Torres Escalante, así como coroneles, suboficiales y funcionarios del desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), todos señalados como parte de dicha estructura criminal, de acuerdo con los datos presentados por la JEP.
Ampliando el contexto, la situación se inscribe en un patrón que ha sido identificado por la Oficina de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Colombia y Amnistía Internacional, donde se advierte el papel de mecanismos institucionales y culturales dentro de las fuerzas armadas que generan incentivos nocivos y facilitan abusos de derechos humanos. Estos organismos han reiterado la necesidad de avanzar en investigaciones y sanciones efectivas para romper los ciclos de impunidad y garantizar los derechos de las víctimas.
Destaca en este proceso el enfoque de penas restaurativas que adopta la JEP, orientadas a la reparación integral sin recurrir directamente a la prisión. Estas penas implican restricciones de libertad, actividades comunitarias y obras de memoria destinadas a reconocer a las víctimas y fomentar la reconciliación. De acuerdo con expertos de la Universidad de Harvard y FLACSO Colombia, este modelo de justicia transicional añade valor al proceso de recuperación social.
De los 26 comparecientes ante la JEP, 22 reconocieron su responsabilidad y entregaron información detallada acerca de 612 víctimas reconocidas, mientras que cuatro siguen en proceso judicial, lo cual puede conllevar sanciones más duras si no asumen su responsabilidad, según datos difundidos por la jurisdicción especial. Esto deja en evidencia lo desafiante que resulta el pleno reconocimiento de verdad y responsabilidad en hechos de esta magnitud.
La JEP, bajo el liderazgo de su presidente Alejandro Ramelli, ha hecho énfasis en que ninguna de las víctimas debía morir a causa de una red criminal enquistada en las instituciones, que despersonalizó a los civiles y corrompió las estadísticas de guerra. Además de este subcaso, se han reportado avances en otros similares, enmarcados siempre en la búsqueda de justicia y la reivindicación de los derechos humanos.
El trabajo periodístico sobre estos hechos demanda una cuidadosa verificación de las fuentes, recurriendo a informes oficiales de la JEP, investigaciones académicas, testimonios de víctimas y reportes de organismos internacionales. Esta diversidad y rigor en la información son fundamentales para contextualizar los hechos y evitar futuras repeticiones de estas prácticas. El uso de herramientas digitales para el seguimiento y la reconstrucción temporal de los acontecimientos también contribuye a esclarecer los mecanismos empleados para ocultar los crímenes expuestos.
Así, el subcaso Casanare se convierte en un referente crucial para comprender la complejidad del conflicto armado colombiano y la urgencia de seguir profundizando en la verdad, la memoria y la reparación, pilares esenciales para construir una paz duradera y prevenir la repetición de graves violaciones a los derechos humanos.
¿En qué consiste la justicia transicional aplicada por la JEP en estos casos?
El enfoque de justicia transicional está diseñado para contextos en que sociedades afrontan conflictos armados internos o dictaduras que vulneran masivamente los derechos humanos. En el caso colombiano, la Jurisdicción Especial para la Paz aplica este modelo mediante penas restaurativas, las cuales buscan reparar el daño a las víctimas y promover la reconciliación, en vez de centrarse únicamente en el castigo carcelario. Restricciones de libertad, participación comunitaria y construcción de memoriales son parte de este proceso, el cual pretende tanto sancionar y visibilizar los hechos como generar bases para la no repetición, aspecto que organismos internacionales consideran clave para la estabilidad social.
¿Qué implica el término “falsos positivos” dentro del conflicto colombiano?
La expresión “falsos positivos”, como se describe en el informe de la JEP, alude a asesinatos cometidos fuera de combate contra civiles, quienes posteriormente eran presentados oficialmente como guerrilleros dados de baja en enfrentamientos. Este fenómeno, alimentado por presiones institucionales para mostrar resultados y acceder a recompensas, implicó la manipulación de informes y estadísticas oficiales. El término ha quedado como un recordatorio del impacto de prácticas ilegales dentro de las fuerzas armadas y de la necesidad de mecanismos de control y rendición de cuentas para garantizar la justicia y los derechos de las víctimas.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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