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La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) avanza hacia el primer juicio por presunta farcpolítica, un proceso que pone en el centro al excongresista Luis Fernando Almario Rojas. La Unidad de Investigación y Acusación (UIA) lo acusa de participar en un plan de persecución política en Caquetá, evento cuya investigación ha incluido 30 hechos graves: homicidios, desplazamientos forzados y privaciones de libertad. El 1 de octubre, la justicia transicional definió finalmente cuáles serán las pruebas a debatir en el proceso, dejando listas las etapas para que la defensa y la acusación puedan confrontar sus argumentos. De acuerdo con El Espectador, la audiencia preparatoria había comenzado en julio y ahora, tras resolver las solicitudes probatorias de todas las partes, se cierra esta fase para dar paso al juicio.
Entre los puntos clave del caso se encuentran las acusaciones relacionadas con el asesinato del exgobernador de Caquetá, Jesús Ángel González Arias, en 1996, y la masacre de la familia Turbay Cote en diciembre de 2000. Según la UIA, Almario habría contribuido a diseñar y ejecutar un plan de persecución, lo que lo convierte en señalado coautor de crimen de lesa humanidad. Sin embargo, desde el inicio de la investigación, el excongresista ha negado toda responsabilidad en los hechos investigados.
El tribunal admitió 17 testimonios solicitados por la acusación, incluidos los de exmiembros de la extinta guerrilla de las Farc como Rodrigo Londoño, Milton de Jesús Toncel y Fabián Ramírez. Además, estarán presentes familiares de víctimas y expertos que elaboraron el Informe Génesis de la Fiscalía. Los documentos probatorios incluyen desde protocolos de necropsia hasta antecedentes del Secretariado de las Farc y registros de actuaciones de la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia, según detalla El Espectador.
Por parte de la defensa de Almario, se aceptaron 21 testimonios, incluidos los de testigos ya citados por la acusación, como Londoño. También se incluyeron documentos de resultados electorales, informes de seguridad, intervenciones del excongresista y materiales sobre violencia política en Caquetá entre 1994 y 2007. Dos peritajes admitidos deberán enfocarse en el contexto electoral y la violencia contra líderes políticos en ese mismo período. Asimismo, el juicio abordará los impactos en las víctimas, para lo cual se admitió el Informe de Macrovictimización de la UIA y el testimonio de su investigadora principal.
El caso llegó a la JEP remitido por la Corte Suprema de Justicia, en relación con el secuestro y asesinato de miembros de la familia Turbay Cote. En 2020, la jurisdicción aceptó el sometimiento de Almario, quien en sus versiones en 2021 también negó su participación. El desenlace del juicio, ahora sustentado en un amplio conjunto probatorio consolidado en junio de 2024, deberá esclarecer si las acusaciones de la UIA superan la defensa del excongresista.
¿Qué es la farcpolítica y cómo se relaciona con el caso de Luis Fernando Almario?
La farcpolítica se refiere a presuntas alianzas políticas con la antigua guerrilla de las Farc en el contexto del conflicto armado colombiano. En el caso de Luis Fernando Almario, la UIA sostiene que existió colaboración para la persecución de opositores políticos mediante crímenes como homicidios y desplazamientos forzados en Caquetá, lo que será evaluado en este primer juicio ante la JEP.
¿Cuáles son las principales pruebas admitidas en el juicio de la JEP contra Luis Fernando Almario?
En el proceso se admitieron testimonios de exmiembros de las Farc y víctimas, documentos como necropsias, registros electorales, informes de seguridad y los resultados de investigaciones previas de la Fiscalía y la Corte Suprema. Adicionalmente, se incorporaron peritajes para analizar el contexto electoral y de violencia política en Caquetá entre 1994 y 2007, según la información de El Espectador.
Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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