El sistema penitenciario en Colombia históricamente ha llevado sobre sus espaldas el hacinamiento en los centros carcelarios del país. Una de las ciudades más golpeadas por ese fenómeno es Valledupar.
El último informe adelantado por la Personería Municipal revela que actualmente la estación La Permanente tiene un hacinamiento sobre el 600 por ciento, debido a que su capacidad es para 80 internos y tiene entre sus celdas 518 personas privadas de la libertad.
Un panorama que no difiere mucho de la Cárcel Judicial, ubicada en el barrio Dangond de la ciudad, donde hay 644 detenidos pese a que su aforo es de 256.
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Otro centro de reclusión de paso como la Unidad de Reacción Inmediata, URI, también está sumergida en la aglomeración de internos, puesto que su capacidad es para 20 personas y hasta la semana anterior tenía recluidos 54 hombres y 9 mujeres para un total de 63.
La Penitenciaría de Máxima y Mediana Seguridad de Valledupar que es conocida como ‘La Tramacúa’ y está localizada sobre la vía que conduce al asentamiento La Mesa, es la única que refleja un panorama favorable. La cárcel tiene cabida para 1.600 internos y están bajo su cargo 1.558.
Aunque la cifra de privados de la libertad no sobrepasa el aforo del centro carcelario, representa un hacinamiento de 10 por ciento debido a que ‘La Tramacúa’ tiene en el momento una torre fuera de servicio.
El panorama no solo vulnera los derechos humanos fundamentales de los procesados, sino que también es el detonante de otras problemáticas que socavan la salud y alimentación de los mismos.
“Afecta la generación del servicio de alimentación porque el presupuesto de los establecimientos se adopta de acuerdo al cupo neto de la cárcel y no al cupo de hacinamiento. Es decir que, si en la cárcel hay capacidad de 256 internos, entonces se asigna un presupuesto para ese cupo”, manifestó Ciro Pérez Escalante, abogado encargado de temas penitenciarios de la Personería Municipal.
Ese es uno de los principales motivos por los que los operadores del servicio de alimentación de los centros carcelarios tienen que adecuar las raciones de comida por las que tantas veces se han quejado los presidiarios.
Pero, además, la aglomeración también ha generado que los detenidos sufran de afecciones de la piel asociadas a roedores y el roce.
“En la Permanente central se ha documentado por los médicos que el establecimiento es dado a tener animales roedores e insectos que al picar pueden generar enfermedades que se propagan más rápidamente por estar hacinados”, puntualizó Pérez.
El lamentable escenario también ha ocasionado que las Estaciones de Policías del departamento del Cesar tengan muchas veces bajo su mando a detenidos que no deberían estar en el lugar tras ser judicializados.
Esto debido a que las estaciones de varios municipios no cuentan con la infraestructura adecuada y personal para suplir las funciones del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec.
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Por eso, en repetidas oportunidades cada año se reportan casos de fuga de presos. La más reciente se registró en la Estación de Policía de Curumaní a inicios del mes de abril.
Del sitio se escapó Ramón Elías Martínez Chinchilla, alias ‘el Ocañero’, procesado por el homicidio de Luis Eduardo Tovar Julio, en hechos ocurridos el pasado 7 de marzo en el barrio San Vicente de ese mismo municipio.
Otro caso sucedió a finales del mes de marzo en la estación de El Paso donde se volaron tres internos. Estos son Wilfrido Antonio Machuca Muñoz, procesado por el delito de homicidio, Carlos Enrique Gómez Mindiola, señalado de violencia intrafamiliar y Faiber Alonso Villanueva Soto, de los cuales, solo los dos primeros fueron recapturados.
Una situación que afecta a la comunidad puesto que los implicados podrían reincidir en la comisión de delitos que menoscaban la seguridad.
La Corte Constitucional recientemente mediante una providencia instó a las autoridades gubernamentales a diligenciar medidas encaminadas a aliviar el hacinamiento en las cárceles del país tras considerar que la situación se desbordó en el Sistema Penitenciario y vulnera los derechos humanos.
“Los hechos analizados en este proceso demuestran que la situación de los llamados centros de detención transitoria es supremamente grave y pone a prueba, día a día, la capacidad del Estado para respetar la dignidad de las personas que tiene bajo su custodia”, precisó la corporación.
Así las cosas, solicitó que los entes territoriales cumplan con su obligación de garantizar la infraestructura de los sitios donde deben estar los privados de la libertad que no han sido condenados.
El secretario de Gobierno de Valledupar, por su parte, indicó en una reciente rueda de prensa que la Alcaldía Municipal está en proceso de realizar acciones para minimizar el hacinamiento de La Permanente.
“Ya estamos en un proceso de la firma de un convenio entre el municipio y el Inpec para por lo menos pasar entre 300 a 400 de los que están allí (La Permanente) … Hemos hecho mesas de trabajo con Procuraduría y Defensoría y hay una después de Semana Santa, o sea el lunes 18 de abril con el Inpec a nivel nacional, regional, Defensoría, Fiscalía y Procuraduría”, precisó el funcionario.
Por: Marllelys Salinas
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