Está previsto que el presiente Gustavo Petro hable hacia las cuatro de la tarde de este martes ante la Asamblea General de la ONU. Tendrá apenas 15 minutos para exponer ante ese organismo sus puntos de vista sobre temas como Gaza, el cambio climático, la lucha contra las drogas y, seguramente, la descertificación de su Gobierno por parte de Estados Unidos por no cumplir sus compromisos en el combate al narcotráfico. Pero hay un tema, emanado desde la misma ONU, que muy probablemente no abordará el mandatario pese a que puede estar en la base de esa descertificación y que afecta a todo el continente.
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Seguramente reprochará también el amplio despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe para enfrentar a los carteles narcotraficantes, entre ellos, el de los Soles que, según el país del norte, encabeza Nicolás Maduro. Pero el mandatario colombiano no se referirá al informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas sobre Venezuela, presentado en Ginebra este lunes 22 de septiembre, y que comienza por decir, ante la grave situación que padecen los venezolanos agobiados por el régimen de Maduro, que “la única esperanza de que las victimas encuentren justicia recae en la comunidad internacional”.
El presidente Petro, que arribó este lunes a Nueva York para participar en la Asamblea General de la ONU, llegó presentándose como un presidente descertificado. Anda evidentemente molesto por esta decisión de Estados Unidos que no solo tiene que ver con el crecimiento del área sembrada de coca en el país, las incautaciones, la erradicación, sino con otros factores como la negativa a extraditar a narcos solicitados por la justicia estadounidense. Y hay otras consideraciones políticas que lo distancian de la administración de Donald Trump, como su evidente afinidad con la cabeza del régimen de Venezuela, a quien Estados Unidos sitúa en la categoría de terrorista por el que ofrece una recompensa de 50 millones de dólares.
El mandatario hablará de la crisis humanitaria en Gaza derivada de la desproporcionada reacción de Israel al ataque del grupo islamista palestino Hamás (por el que el jefe de Estado colombiano ha guardado silencio) que el próximo 7 de octubre cumplirá dos años. Su preocupación por la masacre de los niños en Gaza contrastará con el mutismo por los graves hallazgos de la Misión de Determinación de los Hechos sobre niños en Venezuela: al menos 220 de entre 13 y 17 años fueron detenidos en la represión que siguió a las elecciones del 28 de julio de 2024. “Durante su reclusión, y sin tener en cuenta ni su edad ni el interés superior, los niños […] fueron sometidos a incomunicación, tratos crueles, inhumanos o degradantes, actos de violencia sexual, y violaciones al debido proceso”, dice el informe.
Eso para no hablar de las decenas de miles de niños venezolanos que salieron de su país, con sus padres o familiares, o incluso solos, debido a la crisis económica y la represión. O los millones de niños que se quedaron atrás en Venezuela separados de sus padres por la migración forzada.
Persiste grave situación en Venezuela
El documento de la Misión —cuyos miembros fueron designados por el presidente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, pero no son personal de Naciones Unidas y no reciben salario por su labor; actúan a título individual y son independientes de cualquier gobierno u organización, incluida la propia ONU— revela nueva evidencia de la dura represión postelectoral tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, y advierte que la persecución por motivos políticos, incluyendo contra quienes defienden los derechos humanos y las libertades fundamentales, ha continuado en 2025.
A ese respecto, la Misión de Determinación de los Hechos concluyó que, de las 25 muertes en protesta ocurridas entre el 29 y 30 de julio de 2024, los cuerpos de represión del régimen estuvieron involucrados en al menos 12 de ellas. “En las protestas de la ciudad de Maracay, Estado de Aragua, miembros de la Guardia Nacional Bolivariana y de la 99 Brigada del Ejército dispararon armas de fuego contra manifestantes y seis personas murieron. Una de ellas recibió un disparo de escopeta a menos de 10 metros de distancia”, señala el informe.
“La Fiscalía no ha informado públicamente sobre los avances o conclusiones de las investigaciones que afirmó haber iniciado sobre estos incidentes, aunque desde el principio aseguró que los cuerpos de seguridad no tenían responsabilidad alguna en las muertes y por el contrario señaló a la oposición como autora”, dijo Marta Valiñas, presidenta de la Misión de Determinación de los Hechos. “Sin embargo, nuestra investigación ha revelado lo contrario y, hasta el momento, todas las muertes permanecen en la impunidad”.
La Misión de Determinación de los Hechos investigó la muerte bajo custodia del régimen venezolano de cinco personas detenidas durante las protestas de 2024 y 2025. En dos de estos casos, la Misión alcanzó motivos razonables para creer que el Estado no actuó con la debida diligencia respecto de los detenidos a quienes no brindó atención de salud oportuna y adecuada. Estas personas fueron sometidas a tratos crueles, inhumanos y degradantes. Patricia Tappatá, experta de la Misión de Determinación de los Hechos recordó que “el Estado tiene una obligación redoblada de garantizar la vida, la integridad personal y la seguridad de toda persona bajo su custodia. Las muertes de personas detenidas tras las elecciones presidenciales por el deterioro de su salud en prisión constituyen privaciones arbitrarias de la vida”.
El informe destaca que el régimen de Maduro excarceló progresivamente a 2.006 personas de las 2.220 detenidas en las protestas postelectorales de 2024, pero, al mismo tiempo, continuó con la represión y detenciones selectivas. La Misión de Determinación de los Hechos ha documentado al menos 200 nuevas detenciones contra voces críticas del régimen, personas opositoras o percibidas como tales. “Un número sin precedente de personas extranjeras han sido detenidas y mantenidas en estricto régimen de incomunicación prolongada, en contra de lo establecido por el derecho internacional. Esto ha configurado desapariciones forzadas, algunas de más de seis meses de duración”, dice.
Francisco Cox, otro de los expertos de la Misión de Determinación de los Hechos, sostuvo que “las detenciones de 2025 continuaron contra personas opositoras o percibidas como tales, al igual que en 2024, con detenciones sin base legal ni orden judicial, en múltiples ocasiones realizadas por individuos enmascarados y sin identificación oficial. También se continúan fabricando expedientes penales y violando gravemente los principios de un juicio justo con total impunidad y connivencia judicial. Ante el sometimiento de la justicia al Ejecutivo, la única esperanza de encontrar justicia para las víctimas en Venezuela reposa sobre las instancias internacionales”.
El documento ofrece asimismo detalles de las condiciones en que se producen las capturas: “Los cuerpos de seguridad emplearon bolsas plásticas para asfixiar y propinaron palizas, patadas, golpes de puño o con bates contra las personas detenidas, independientemente de su edad y género. También se perpetraron actos de tortura sexual, como amenazas de violación, y aplicación de electricidad en los genitales. Los tribunales ignoraron las denuncias por estos actos, al igual que la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público que no emprendieron ninguna investigación”.
Ante la magnitud de otros hechos en el mundo como Ucrania, Gaza, el calentamiento global, el señalamiento y persecución de una recargada generación de nazis en todo el planeta (salvo en regímenes como los de Venezuela, Nicaragua y Cuba) y hasta el resurgimiento de un nuevo Hitler, el presidente Petro quizá no considere referirse a la grave situación en Venezuela, que afecta directamente a Colombia y a la región. Quince minutos son muy poco tiempo.
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