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La Corte Constitucional de Colombia le negó al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, el plazo para entregar información relacionada con el reajuste a la Unidad de Pago por Capitación (UPC) por caso de deficiencias en el sistema.
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La cartera de Protección Social había pedido que se le ampliara el plazo hasta el próximo viernes 19 de diciembre “para la entrega de la información requerida”, esto debido a que consideran que los datos pedidos “comportan un volumen de información extremadamente alto que hace imposible que la totalidad de la información pueda ser remitida” en el plazo que fijó la Corte, es decir, 48 horas.
No obstante, la Sala Especial de Seguimiento de la Sentencia T-670 de 2008 consideró que los argumentos presentados por el Ministerio no son justificables, y por eso, debe entregar toda la información en el plazo establecido.
“Contrario a lo expuesto por el Ministerio, no se trata de un ‘presunto incumplimiento’, pues el auto 2049 de 2025 dispuso en su resolutiva primera que ‘persiste el incumplimiento general del componente de suficiencia de la UPC’”, se lee en el documento.
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Llamado a juicio a Guillermo Alfonso Jaramillo
Además, hoy 16 de diciembre se conoció que la Procuraduría General de la Nación llamó a juicio disciplinario a Jaramillo por irregularidades en la implementación del nuevo sistema de atención en salud de los maestros.
En el pliego de cargos también figuran los exministros de Hacienda, Ricardo Bonilla; Gloria Inés Ramírez Ríos, exministra de Trabajo; y Aurora Vergara Figueroa, exministra de Educación, además de varios miembros de la junta directiva del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) y representantes de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode).
En el caso del exsuperintendente de Salud, Luis Carlos Leal, la Procuraduría le archivó el proceso.
De acuerdo con el documento del ente de control, los hechos objeto de investigación se refieren a las fallas que habrían presentado en el proceso de implementación del nuevo modelo de salud para el Magisterio.
Además, que estarían asociadas a la tardía aprobación de la última versión del manual de contratación faltando dos días para su entrada en vigencia; contratación tardía de las IPS; no haber realizado negociación previa de las tarifas; permitir la prestación de los servicios de salud y la entrega de medicamentos sin previa autorización.
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