Escrito por:  Redacción Nación
Jul 12, 2026 - 12:55 am

A pocos días de concluir su mandato, el Gobierno del presidente Gustavo Petro anunció que el próximo 20 de julio, durante la instalación del nuevo Congreso de la República para el periodo legislativo 2026-2030, radicará un proyecto de ley que busca prohibir de manera definitiva el fracking y la explotación de yacimientos no convencionales (YNC) en Colombia.

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La iniciativa será presentada conjuntamente por los ministerios de Minas y Energía y de Ambiente. Así lo confirmó el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, quien detalló que la propuesta se tramitará junto con congresistas del Pacto Histórico.

“He acordado con la ministra de Ambiente que el próximo 20 de julio, durante la instalación del nuevo Congreso de la República, presentaremos junto con las y los congresistas del Pacto Histórico el proyecto de ley que prohíbe el fracking en Colombia”, afirmó el ministro.

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Según el Gobierno, el objetivo principal de la norma es proteger el agua, la vida y los ecosistemas del país. Las autoridades sostienen que la medida está sustentada en evidencia científica que demuestra los riesgos ambientales, sociales y para la salud pública asociados a esta técnica de extracción de hidrocarburos.

“Es una iniciativa para proteger el agua, la vida y nuestros ecosistemas. Durante años se intentó vender el fracking como la solución para el país; incluso hubo gobiernos que impulsaron esa apuesta y fracasaron”, agregó Palma.

Este anuncio se produce en un contexto de transición de gobierno. El presidente electo, Abelardo De la Espriella, ha manifestado durante su campaña posiciones favorables al desarrollo de proyectos de hidrocarburos, incluyendo un “fracking responsable” bajo estrictos controles ambientales, con el fin de aumentar la producción petrolera y gasífera y cerrar posibles déficits fiscales.

De la Espriella ha señalado que esta tecnología ha sido “demonizada” por razones políticas y que puede implementarse sin afectar el medio ambiente si se aplica con los estándares adecuados, aunque ha aclarado que no se realizaría en zonas protegidas como páramos o santuarios.

La radicación del proyecto el 20 de julio deja la discusión abierta en el nuevo Congreso, que iniciará labores justo antes de la posesión del nuevo mandatario el 7 de agosto. De esta forma, el Gobierno saliente busca dejar radicada una de sus banderas ambientales más emblemáticas.

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