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La mañana del martes 13 de octubre se instaló, en modalidad virtual y desde las 8:00, la audiencia preparatoria de juicio contra Elvia Milena Sanjuán Dávila, actual gobernadora del Cesar. El proceso fue presidido por Blanca Nélida Barreto, magistrada de la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia. En esta diligencia, la Fiscalía y la defensa presentaron detalladamente sus pruebas y argumentos, bajo la mirada de una de las máximas instancias judiciales del país, de acuerdo con el reporte de El Pilón.
Sanjuán es investigada por posibles irregularidades cometidas cuando fue alcaldesa de San Diego (2016-2019). Los delitos atribuidos son la violación del régimen legal o constitucional de inhabilidades e incompatibilidades y la celebración de contratos sin cumplir los requisitos legales. La Fiscalía, representada por la fiscal primera delegada ante la Corte Suprema de Justicia, Marlene Orjuela Rodríguez, expuso un conjunto de pruebas donde señala que la entonces alcaldesa habría omitido requisitos fundamentales en la etapa previa a la contratación, especialmente en la compraventa de un terreno para viviendas de interés social, a través del contrato 17-046, celebrado el 27 de febrero de 2017 por 88 millones de pesos.
La Fiscalía sostiene que, a pesar de una supuesta invitación pública de 60 días para la oferta de lotes, el proceso se cerró en solo seis días y se aceptó una única propuesta. Cuestiona que el precio del terreno no fue definido mediante avalúo independiente sino a través del peritaje proporcionado por el propio vendedor. Lo más delicado, según el ente acusador, es el vínculo familiar del vendedor, Juan Gerardo Arzuaga Rubio, con un concejal en ejercicio: Armando José Arzuaga Rubio, hecho que la ley prohíbe. Para sustentar las acusaciones, la Fiscalía propuso tomar testimonio de diversos exfuncionarios responsables del procedimiento contractual.
La defensa, en cabeza del abogado Alejandro Sánchez, asegura que las decisiones tomadas durante la alcaldía respondieron al cumplimiento de políticas públicas, ya en marcha por exalcaldes y respaldadas en el Plan de Desarrollo 2016-2019 y acuerdos municipales anteriores. Solicitaron incorporar la carpeta contractual completa y documentos que evidenciarían la transparencia del proceso. Para el tema del avalúo, la defensa presentó oficios del Instituto Geográfico Agustín Codazzi en los que se indica que no había disponibilidad para hacer el estudio, lo que forzó a la Alcaldía a adoptar un peritaje alterno. Según el defensor, no hubo dolo ni sobrecosto, dado que el lote, estimado en 220 millones por peritos de la Fiscalía, se compró por solo 88 millones.
Sobre la supuesta inhabilidad por parentesco, la defensa argumentó, con registros civiles, que la identificación pública del concejal era diferente a la del vendedor, lo que haría imposible que la entonces alcaldesa advirtiera el parentesco. El caso, de gran relevancia política y jurídica, continúa bajo análisis de la Corte Suprema, en medio de posturas enfrentadas y un proceso que seguirá dando de qué hablar.
Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
¿Cuáles son los cargos que enfrenta la gobernadora Elvia Milena Sanjuán Dávila en la Corte Suprema?
La gobernadora Elvia Milena Sanjuán Dávila está siendo procesada ante la Corte Suprema de Justicia por presunta violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades y por celebrar contratos sin cumplir los requisitos legales durante su periodo como alcaldesa de San Diego. Estos hechos giran en torno a la compra de un terreno para viviendas de interés social y posibles irregularidades en el proceso contractual, según los argumentos presentados por la Fiscalía en la audiencia preparatoria.
¿Por qué es relevante el parentesco entre el vendedor del lote y el concejal de San Diego en este proceso judicial?
El parentesco es clave porque la ley prohíbe a los mandatarios contratar con familiares directos de miembros de corporaciones públicas locales. La Fiscalía argumenta que el vendedor del lote era hermano de un concejal en ejercicio al momento de la compra, lo que podría configurar una inhabilidad. La defensa, sin embargo, sostiene que las diferencias en la identificación pública hacían esta relación difícil de detectar para la entonces alcaldesa. Esta discusión es central para la eventual responsabilidad penal de la gobernadora.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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