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Un reciente proceso judicial pone en la mira el accionar de un funcionario del sistema de justicia, señalado por la Fiscalía General de la Nación de presuntamente exceder sus atribuciones y alterar la regularidad de algunos procesos penales. De acuerdo con el ente investigador, las decisiones adoptadas por esta persona habrían incidido de manera directa sobre el desarrollo normal y legal de dos procesos que involucraban a figuras reconocidas del sector educativo y de la salud en Barranquilla.
En detalle, la entidad detalló que el 18 de septiembre de 2018, este funcionario dispuso suspender la audiencia relacionada con la solicitud de medida de aseguramiento. Esta audiencia se llevaba a cabo en un juzgado de control de garantías y tenía como protagonistas al exrector de la Universidad de Barranquilla, Alberto Enrique Acosta Pérez, y al exalto consejero de la misma institución, quien también ostentó cargos en el Hospital Metropolitano. La decisión de suspender la diligencia judicial tuvo efectos importantes en el avance del proceso penal en curso.
Más adelante, la Fiscalía expuso que Mola Capera, en el contexto del análisis de una acción de tutela —instrumento jurídico que protege derechos fundamentales—, tomó la determinación de interrumpir el desarrollo de otra audiencia, esta vez vinculada al restablecimiento de derechos. Dicha audiencia también se realizaba dentro de un juzgado de control de garantías y, nuevamente, tenía como implicados a los mismos exdirectivos. Al cesar los efectos jurídicos de esta segunda audiencia, se habrían modificado los tiempos y el normal desarrollo del proceso legal.
Ante la gravedad de los hechos descritos, la Fiscalía anunció que el juicio oral correspondiente se llevará a cabo ante la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, entidad competente para conocer de casos de esta naturaleza que involucran posibles conductas irregulares de funcionarios judiciales. La transparencia y el respeto al debido proceso serán determinantes en la evaluación de las actuaciones cuestionadas.
Según la información presentada, el caso reviste especial importancia por involucrar no solo la actuación de figuras reconocidas en la academia y la salud, sino por evidenciar cómo una posible extralimitación en el ejercicio de funciones puede afectar la marcha regular de la justicia.
¿En qué consiste una medida de aseguramiento? Este término, recurrente dentro del ámbito judicial, se refiere a una decisión que puede tomar un juez en Colombia para restringir la libertad de una persona mientras avanza un proceso penal. Generalmente, la medida se impone cuando existen razones fundadas para pensar que el investigado puede obstaculizar la justicia, poner en riesgo la seguridad de la víctima o de la sociedad, o intentar evadir el proceso penal. Entender este mecanismo es clave para dimensionar la trascendencia de las decisiones tomadas en las audiencias y el impacto de suspenderlas, puesto que afecta directamente los derechos y garantías procesales de los involucrados.
¿Cuál es el papel específico de la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia en estos procesos? Se trata de una instancia creada para juzgar a aforados constitucionales, es decir, funcionarios con especial protección legal, y cuya estructura busca garantizar imparcialidad y rigurosidad en la administración de justicia. Este elemento subraya la dimensión institucional y la importancia del caso en el sistema judicial colombiano.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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