Cinco días después de la instalación del Congreso, el Partido Comunes, otrora Farc, radicó un proyecto de ley con el que buscan que el Estado, a través de la Fiscalía, no pueda judicializar a quienes se dedican a la siembra de cultivos ilícitos.
Lo denominaron tratamiento penal diferenciado para pequeños agricultores que en el pasado o en el presente tengan como actividad el cultivo de plantaciones de uso ilícito.
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Los beneficiados serán, según el texto legislativo, aquellos que cumplan con los requisitos del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos u otros afines o similares que se lleguen a poner en marcha y sean incluidos dentro del año siguiente a la iniciativa.
Según cifras de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, en su más reciente reporte a 2020, se detectaron en el país 143.000 hectáreas de cultivos ilícitos. Por cada hectárea sembrada como mínimo se utilizan dos personas. Ello significa que de aprobarse la iniciativa se beneficiarían al menos 286 personas.
Así mismo, los autores de la iniciativa definieron el tratamiento penal diferenciado como la renuncia por parte de la autoridad competente al inicio y ejercicio de la acción penal, la extinción de la pena, así como la extinción de dominio.
Es decir, todas las conductas consagradas en el Código Penal en los artículos 375, 376, 377 y 382.
El cese de la acción penal se daría con un acta de compromiso voluntaria e individual en el que el cultivador manifieste su decisión de renunciar a continuar con dicha actividad.
Durante dos años el programa de sustitución de cultivos comprobará que se esté cumpliendo y en este tiempo las autoridades no podrán realizar ninguna persecución penal.
La iniciativa excluye a quienes estén siendo procesados o hayan sido condenados por el delito de conservación o financiación de plantaciones de marihuana, cocaína, morfina, heroína o cualquier otra que genere dependencia o más de un kilogramo de semilla de dichas plantas.
Sin embargo, quedó condicionado a que se excluye si esta conducta se cometió en concurso con otros delitos, pero trae excepciones de este concurso que sin tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, destinación ilícita de muebles o inmuebles y el tráfico de sustancias para el procesamiento de narcóticos.
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Así mismo, individualizan sobre quienes recaería la medida, es decir, los medieros o cultivadores que son quienes tienen una relación jurídica con el predio y allí cultiva, conserva o financia las plantaciones o semillas de uso ilícito.
También recae sobre los cuidanderos, que son quienes guardan, protegen y conservan las plantaciones; los cultivadores definidos como aquellos que siembran estos cultivos ilícitos en sus fincas y en el caso de la cocaína la transforman en pasta. Los recolectores y los trabajadores domésticos también son beneficiados con la medida.
Con otro beneficio. En el caso de que estas personas estén imputadas, acusadas o condenadas, según sea el caso, los fiscales, jueces de control de garantías, de conocimiento o de ejecución de penas deberán recobrar la libertad de manera inmediata.
El proyecto lo suscribieron los senadores Pablo Catatumbo, Sandra Ramírez, Julián Gallo, Imelda Daza y los representantes Carlos Carreño, Luis Alban, Jairo Cala y Omar de Jesús Restrepo.
Los congresistas de Comunes en la exposición de motivos de la iniciativa advierten que este es una consecuencia directa del Acuerdo de Paz y de las disposiciones establecidas en el punto número cuatro.
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Subrayaron que éste refleja la intención tanto de las Farc como del Estado de buscar y lograr soluciones para el problema de las drogas ilícitas desde la sustitución y erradicación de cultivos.
En concepto de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Undoc, el 81 % de éstas, la mayoría se concentra en Nariño, Putumayo, Norte de Santander, Cauca y Caquetá.
En la justificación plantean que al 31 de diciembre de 2020 99.077 familias se habían inscrito en el Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, Pnis y de éstas el 42 % no habían recibido ningún beneficio a pesar de que un gran número no tienen cultivos ilícitos pero están en zonas que sí.
Según datos de la Fiscalía General de la Nación, entre noviembre de 2016 y junio de 2019 se registraron 306 capturas por el delito de conservación o financiación, de éstas 253 fueron en flagrancia.
Además, el Sistema Integral de Monitoreo de Cultivos Ilícitos, Simci, al 9 de junio de 2022, reportó una reducción del 7 % del área sembrada con coca en país, pasando de 154.000 hectáreas en 2019 a 143.000 en 2020.
Los departamentos que reportaron un incremento en estas cifras fueron Córdoba con un 30 %, Antioquia 27.5 %, Bolívar 18 %, y Chocó con un 18 %.
En el año de la pandemia el potencial de producción de clorhidrato de cocaína alcanzó 1.228 toneladas, la producción de hoja de coca aproximada fue de 997.300 toneladas y el rendimiento de hoja de coca por hectárea fue de 6.4 toneladas anuales.
Quizás uno de los puntos más preocupantes fue que el 29 % del área con coca se concentró en Parques Naturales y en tierras de comunidades negras y resguardos indígenas.
La iniciativa ya fue radicada y comienza dentro de pocos días su trámite en el Congreso, con amplias posibilidades de ser aprobada como quiera que proviene de un partido de coalición de gobierno. Desde ya se advierte será objeto de gran controversia.
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