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En medio del difícil panorama que atraviesa Verónica Alcocer tras haber sido incluida, junto al presidente Gustavo Petro, en la llamada Lista Clinton, la primera dama enfrenta ahora una nueva controversia. Este miércoles fue radicada una denuncia penal en su contra ante la Fiscalía General de la Nación, por presuntas irregularidades en la contratación de servicios relacionados con su imagen personal.
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De acuerdo con el denunciante, existen indicios de que Alcocer habría autorizado y recibido pagos por montos superiores a los 1.000 millones de pesos destinados al “cuidado de imagen” y a asesorías personales, presuntamente utilizando recursos públicos o fondos asignados a otras finalidades.
El denunciante, Juan Carlos Portilla, afirmó que los hechos configuran posibles actividades delictivas orientadas a obtener beneficios económicos indebidos a través de una red de contratos y servicios ligados a su papel como figura pública durante el actual Gobierno.
En entrevista con Revista Semana, Portilla explicó que su denuncia se sustenta en materiales audiovisuales y en información divulgada por diversos medios de comunicación, en los que se evidenciarían los gastos asociados a maquillaje, estilistas y asesorías personales vinculadas directamente con su agenda. Según dijo, la intención de la acción judicial es esclarecer si dichos pagos fueron realizados de manera legal y si los recursos involucrados provenían del erario o de cuentas privadas.
En medio de ese contexto, críticos cuestionan el rol que Alcocer ha mantenido en la agenda protocolaria del Ejecutivo pese a las declaraciones del propio presidente Petro, quien ha señalado que su relación con ella lleva “años” separada, aunque sin un proceso formal de divorcio. Este detalle, advierten, plantea dudas sobre la legitimidad con la que Alcocer continuó ejerciendo funciones de representación institucional o participando en actividades de carácter oficial.
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La denuncia llega en un momento de alta tensión política para el entorno presidencial. La inclusión de Alcocer, Petro y varios miembros de su círculo cercano en la Lista Clinton —una medida impulsada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos que restringe el acceso al sistema financiero internacional a quienes son vinculados con posibles hechos de corrupción o lavado de activos— ha generado una fuerte repercusión diplomática y mediática.
Portilla insistió en que el propósito de su acción judicial no es político, sino técnico y jurídico, basado en la necesidad de que la Fiscalía determine si hubo manejo irregular de fondos o abuso de poder.
“Estafa en favor de terceros: mediante artificios y simulaciones en la contratación y facturación se habría obtenido un provecho patrimonial en favor de la denunciada y de terceros intervinientes, provocando perjuicio patrimonial para quienes aportaron o dispusieron los recursos”, explicó el denunciante.
Hasta el momento, ni Alcocer ni sus representantes legales han emitido pronunciamiento público sobre la denuncia. Sin embargo, la nueva acción judicial amplía el cerco de cuestionamientos alrededor de la primera dama, que pasa de ser figura de acompañamiento presidencial a protagonista de un complejo entramado de controversias políticas y judiciales.
La Fiscalía deberá decidir si abre una indagación formal, lo que marcaría un nuevo capítulo en el creciente número de investigaciones que rodean al círculo presidencial.
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