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El pasado martes 21 de octubre, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá absolvió al expresidente Álvaro Uribe Vélez en el proceso en su contra por supuesta manipulación de testigos.
Sin embargo, la magistrada Leonor Oviedo salvó su voto y sostuvo que, a su parecer, el líder del Centro Democrático sí es culpable de los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal. Ahora, Oviedo es quien enfrenta una denuncia presentada por un abogado que considera que la togada incurrió en prevaricato por acción y prevaricato por omisión.
La denuncia presentada por el abogado Eduardo Castillo González apunta a varias publicaciones hechas por la magistrada en redes sociales hace varios años, en las que se refiere a otras etapas del expediente contra Uribe. Según el abogado, la magistrada Oviedo debió declararse impedida y separarse del estudio del proceso contra el expresidente por esas publicaciones.
Dentro de las publicaciones que se cuestionan en la demanda, el abogado resalta algunas como la hecha el 18 de septiembre de 2018, en la que la actual magistrada se refiere a una entrevista hecha al expresidente de la Corte Suprema, el entonces magistrado José Luis Barceló, sobre las interceptaciones hechas por error al expresidente Uribe. En esa publicación en X (anterior Twitter), Oviedo escribió: “No creo que sea un error. Es el simple seguimiento a un número, que por el contexto se hacía necesario”.
Para el demandante, la magistrada Oviedo debió haberse declarado impedida en el caso Uribe. “Frente a lo relatado, y en coherencia con el acápite de los hechos, es claro que la doctora Leonor Oviedo ha tenido una postura personal que ha trascendido a lo público a través de sus redes sociales frente al caso del señor Álvaro Uribe Vélez”, se lee en el documento, en el que además se señala que la togada tiene una “animadversión” contra el líder del Centro Democrático.
El abogado que denunció a la magistrada también se refiere a su salvamento de voto. Según él, “en la posición adoptada por la magistrada se traen posturas personales e ideológicas, que siguen la misma línea de la juez de primer nivel, reproduciendo subjetividades posiciones no soportadas probablemente y caprichosas”.
¿Qué dice el salvamento de voto de la magistrada Oviedo?
La magistrada consideró que sí hubo pruebas que señalaban que Uribe incurrió en los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal como determinador, por lo que estuvo en desacuerdo con la posición mayoritaria de la sala y apuntó que el fallo “debió confirmarse en su totalidad”, es decir, mantener la condena de 12 años de prisión domiciliaria contra el expresidente.
Dentro de su salvamento, la togada se refirió a la validez de las interceptaciones que fueron consideradas ilegales por el Tribunal Superior de Bogotá. “Considero, personalmente y con el respeto de la decisión de mis compañeros de sala, que la interceptación que se hizo debe conservar la validez. Por lo tanto, la exclusión carece de sustento y corresponde incorporar esas comunicaciones al debate para su valoración”, señaló en su salvamento.
Para la magistrada Oviedo debió existir una diferenciación entre prueba ilícita e ilegal. “La primera surge cuando la obtención vulnera derechos fundamentales, mientras que la segunda aparece cuando se quebrantan requisitos legales esenciales (…) La interceptación se realizó bajo la Ley 600 de 2000, con orden de autoridad competente, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, que verificó legalidad, competencia, necesidad y proporcionalidad. De manera que esa Sala negó la exclusión y mantuvo la decisión”, explicó en su documento.
Asimismo, se refirió detalladamente al delito de soborno en actuación penal, pues tampoco estuvo de acuerdo con los magistrados en cuando a la decisión de absolver al expresidente. “El delito de soborno en la Picota se consumó con actos orientados al alterar el testimonio. En el episodio de Neiva, también me aparto de la postura de mis compañeros, y considero que se configuró el delito”, manifestó.
También, Oviedo dijo que hay material que demuestra “la existencia de un plan estructurado para lograr la retractación en las declaraciones en las que Monsalve vinculó a Uribe con la creación de estructuras paramilitares. Lo acreditable en el proceso confirma que no se trató de un acercamiento espontáneo sino una estrategia a cambio de modificar su testimonio. El relato de Monsalve fue coherente y detallado”.
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