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El Decreto 391 de 2025, suscrito por el presidente Gustavo Petro junto con los ministros de Educación y Trabajo, constituye un hito para la formalización del trabajo en las universidades públicas de Colombia. Esta normatividad obliga a dichas instituciones a definir y ejecutar planes orientados a formalizar, por concurso público y méritos, al menos a 38 mil docentes, estableciendo metas de cumplimiento del 40 % para 2026 y del 80 % para 2027. El objetivo central del decreto es poner fin a las tradicionales condiciones precarias de los profesores universitarios y fortalecer su estabilidad y dignidad laboral, tal y como lo señala la fuente original. Todo ello, enmarcado en la autonomía universitaria y en un proceso de diálogo permanente con los sindicatos, incluido la Asociación Sindical de Profesores Universitarios (Aspu).
Este proceso legislativo surge tras décadas marcadas por el clientelismo y la ausencia de regulaciones, una situación denunciada por Pedro Hernández, presidente nacional de Aspu. Según Hernández, los gobiernos anteriores de Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos e Iván Duque no dieron prioridad a la formalización debido a intereses particulares en modelos de contratación irregular y plantas paralelas que dinamitaban la estructura de la carrera docente. De igual manera, explicó que incluso el Sistema Universitario Estatal (SUE), que reúne a las 34 universidades públicas, ha dirigido acciones legales contra el decreto, mostrando divisiones internas profundas respecto al futuro de la regulación laboral dentro del sistema de educación superior colombiano.
La ruta de formalización definida exige concursos públicos exclusivamente para docentes que ya se encuentren laborando en dichas instituciones, excluyendo a aspirantes externos y enfocándose en quienes enfrentan modalidades de contratación temporal o de cátedra. Tal medida busca erradicar la inestabilidad que, de acuerdo con cifras recientes del Ministerio de Educación, afecta a más del 50 % del personal docente en las universidades públicas. Esta precarización no solo perjudica la carrera profesional de los educadores, sino también la calidad de la enseñanza y la producción investigativa nacional.
La tendencia hacia la formalización laboral no es exclusiva de Colombia. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) documentó en 2023 que la precarización docente obstaculiza el buen desarrollo académico y la vinculación social universitaria. Países que garantizan estabilidad a sus profesores mediante procesos regulados de ingreso y permanencia han conseguido entornos más robustos para la academia y la investigación.
No obstante, el debate local gira en torno a la tensión entre la autonomía universitaria y las obligaciones de garantizar los derechos laborales. Hernández subraya que la independencia institucional no debe ser pretexto para perpetuar desigualdad o prácticas clientelistas, una discusión que también está presente en sistemas universitarios de otros países latinoamericanos. Dirigentes sindicales insisten en que el futuro del trabajo universitario requiere articular los beneficios de la autonomía con la justicia laboral.
El caso de la Universidad Popular del Cesar (UPC) refleja estos desafíos. Docentes y aspirantes a la formalización, acompañados por el presidente regional de Aspu, Raúl Bermúdez, exigen que el Consejo Superior adopte el decreto, advirtiendo incluso sobre una posible huelga pacífica si sus demandas no son atendidas. Argumentan que la formalización no representa una concesión, sino una responsabilidad institucional que garantizará derechos adquiridos largamente postergados.
Este contexto marca un momento clave para la educación pública colombiana: la posibilidad de corregir años de desigualdad, mejorando de manera estructural las condiciones laborales de los docentes y, en consecuencia, el cumplimiento de la misión académica y social de las universidades estatales. El éxito de esta transición dependerá de la construcción colectiva de los mecanismos de formalización, donde la participación activa de docentes y directivos será crucial para lograr instituciones más justas y sólidas.
¿Cómo se define la “formalización laboral” docente en el contexto de las universidades públicas de Colombia?
La pregunta es relevante porque el término “formalización laboral” puede variar según el sector y el país. En este caso, según la información proporcionada, la formalización implica establecer concursos públicos de méritos que permitan, exclusivamente a quienes ya ejercen como docentes en universidades públicas, acceder a la carrera docente con estabilidad contractual. Este proceso excluye el ingreso de personas externas y reemplaza los contratos temporales o de prestación de servicios por vínculos laborales regidos por las normas estatutarias de los docentes universitarios, regulando derechos, deberes y acceso a prestaciones sociales.
¿Cómo puede la autonomía universitaria entrar en tensión con la obligación legal de formalizar empleos?
La autonomía universitaria, principio clave para la gestión de las instituciones de educación superior, les otorga independencia administrativa y académica. Sin embargo, en este proceso de formalización, algunos directivos universitarios y colectivos como el SUE han argumentado su derecho a decidir sobre los vínculos laborales sin intervención estatal. No obstante, la información citada revela que desde los sindicatos y entidades gubernamentales se considera que la autonomía no puede justificar la permanencia de prácticas irregulares o condiciones injustas de trabajo, abriendo paso a un debate sobre cómo equilibrar la independencia institucional y el respeto a los derechos laborales fundamentales.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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