El Colombiano es un grupo editorial multiplataforma con más de 110 años de existencia. Nació en la ciudad de Medellín en Antioquia. Fundado el 6 de febrero de 1912 por Francisco de Paula Pérez, se ha especializado en la investigación y generación de contenidos periodísticos para diferentes plataformas en las que provee a las a...
El debate en torno al modelo de expedición de pasaportes en Colombia sigue abierto, tras la reciente decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Este 13 de febrero, la justicia colombiana resolvió que continuará el análisis sobre la acción popular interpuesta contra el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores y la Imprenta Nacional, a raíz del convenio que respalda el nuevo esquema para la producción de pasaportes, en alianza con la Casa da Moneda de Portugal. Según lo establecido por el magistrado Moisés Rodrigo Mazabel Pinzón, existen elementos suficientes que ameritan un estudio de fondo, ya que está en juego la posible afectación a derechos colectivos.
La acción popular, admite el Tribunal, es procedente en este tipo de casos cuando se identifican riesgos inmediatos y serios en servicios esenciales para la ciudadanía. De acuerdo con los argumentos del demandante, Nicolás Dupont Bernal, el Convenio Interadministrativo Específico No. 001 de 2025 habría sido diseñado sin las garantías plenas, especialmente en lo relacionado con la planeación y el respaldo presupuestal. Esta falta de aseguramiento podría poner en peligro principios fundamentales como la moralidad administrativa y la adecuada protección del patrimonio público, al mismo tiempo que amenaza la eficiencia en la prestación del servicio.
Uno de los aspectos más debatidos del convenio es la financiación, pues, según la demanda, el acuerdo deja la fuente de recursos atada a futuras aprobaciones presupuestales, lo que introduce un margen de incertidumbre sobre su disponibilidad durante cada vigencia fiscal. El Tribunal, al examinar el proceso, subrayó que la expedición de pasaportes demanda una operación técnica y logística altamente sincronizada, donde cualquier falla en la cadena –desde la elaboración de libretas hasta la entrega personalizada del documento– puede derivar en retrasos significativos que afectan viajes, trámites académicos, atención médica o compromisos laborales de los ciudadanos.
La relevancia de esta discusión resulta más evidente al recordar la crisis de septiembre de 2025, cuando el país experimentó un desabastecimiento de pasaportes junto a graves congestiones para la asignación de citas, situación que dejó ver la debilidad del sistema ante problemas de planeación. El tribunal enfatizó que esta crisis no es un riesgo hipotético sino un antecedente fehaciente, lo que refuerza la gravedad del asunto.
A estas preocupaciones se añaden las advertencias expresadas por la Contraloría General de la Nación, la cual señaló las dificultades que podrían surgir para asegurar la continuidad del servicio ante el vencimiento del contrato con el proveedor actual y la complejidad de que la Imprenta Nacional asuma toda la operación en los plazos que exige el nuevo modelo. Para el contralor de la Gestión Pública, Luis Enrique Abadía, existe incluso la posibilidad de enfrentar un escenario de desabastecimiento si el nuevo esquema no está en funcionamiento el 1 de abril de 2026.
Como parte de las primeras acciones, el Tribunal pidió al Ministerio de Relaciones Exteriores que entregue en tres días hábiles los estudios técnicos, financieros y jurídicos que respaldan el convenio, junto a los análisis de riesgo y planeación presupuestal correspondientes. Mientras se da este proceso, la urgencia manifiesta con el proveedor Thomas continuará vigente hasta el 30 de abril.
¿Qué significa exactamente una “acción popular” en Colombia?
En el contexto colombiano, una “acción popular” es un mecanismo legal que permite a cualquier ciudadano solicitar la protección de derechos e intereses colectivos, como el acceso eficiente a servicios públicos, cuando estos se ven amenazados o vulnerados. Como ha quedado evidenciado en el caso del modelo de expedición de pasaportes, la acción popular resulta crucial para que la justicia evalúe riesgos que afecten a la comunidad en general, especialmente ante posibles falencias en la planeación o ejecución de políticas públicas.
Este recurso busca, por tanto, evitar que la falta de garantías en la toma de decisiones administrativas derive en daños masivos para la sociedad. Por eso, el Tribunal administrativo valora si existen elementos que justifiquen estudiar a fondo la actuación de las instituciones implicadas cuando hay indicios de que el interés general pueda resultar comprometido.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
* Pulzo.com se escribe con Z
LO ÚLTIMO
.svg)
