La desaparición y muerte de Valeria Afanador Cárdenas, una niña de 10 años con síndrome de Down, provocó una fuerte controversia en Colombia. Valeria fue vista por última vez el 12 de agosto de 2025 en su colegio en Cajicá, y su cuerpo apareció 18 días después cerca del río Frío. El caso abrió dudas sobre la presunta responsabilidad del colegio y sobre el manejo de la investigación.
(Vea también: Se armó lío con caso de la niña Valeria Afanador: abogado dice que hay “incertidumbre total”)
Un punto clave es la protesta del padre de Valeria, quien exige claridad frente a la institución educativa. Él sostiene que existieron negligencias desde el inicio de la desaparición por parte de la institución educativa.
La abogada de la familia cuestiona la versión pública del colegio respecto a un eventual desembolso de seguro. En declaraciones recogidas por la prensa, aseguró que esta narrativa busca desviar el foco hacia asuntos administrativos. También insistió en que la prioridad debe ser esclarecer la verdad y establecer quiénes serían los responsables del caso.
Denuncian amenazas contra colegio donde desapareció Velería Afanador
Se trata del Gimnasio Campestre Los Laureles que, según su abogado, Francisco Bernate, enfrenta una serie de amenazas que surgieron luego del hallazgo del cuerpo sin vida de la menor.
En varios mensajes compartidos mediante redes sociales circulan imágenes difundidas por La Red Vira que registraron expresiones como: “Voy a encender en llamas a ese colegio”; “La muerte de Valeria no quedará impune” y “Merecen pagar en vida lo que hicieron”.
Las intimidaciones causaron temor entre funcionarios, docentes y estudiantes. De acuerdo con Bernate, los mensajes no provienen del entorno cercano a la niña, sino de fuentes externas, lo que incrementa la preocupación dentro de la institución.
La difusión de estas amenazas coincide con un ambiente de exigencia por justicia y claridad en la investigación. Desde el momento en que se confirmó el hallazgo, surgieron cuestionamientos sobre el avance del proceso y sobre el protocolo aplicado durante la búsqueda inicial; sin embargo, Bernate solicitó a la Fiscalía proteger a los directivos de la institución.
“La Fiscalía tiene la obligación no solo de proteger a las autoridades del colegio que son el objeto de esta amenaza, sino también deponer tras las rejas a esa persona de inmediato”, señaló Bernate.
* Pulzo.com se escribe con Z
LO ÚLTIMO
.svg)
