El levantamiento de la suspensión general para el porte de armas de fuego en Colombia abrió nuevas discusiones sobre los límites que tienen los ciudadanos frente a una situación de inseguridad.
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Más allá de contar con un permiso, el uso de un arma puede tener consecuencias penales y debe analizarse de acuerdo con las circunstancias en las que ocurrió cada hecho.
El tema cobró relevancia luego de que el Gobierno expidiera el Decreto 1368 del 8 de septiembre de 2026, con el que volvió a poner en vigencia el sistema de permisos para el porte de armas que había sido restringido en distintos momentos por anteriores administraciones. La medida permitió que cerca de 700.000 personas con autorización vigente puedan llevar sus armas fuera de sus viviendas, según Blu Radio.
En medio de este escenario, el abogado penalista Fabio Mar explicó en diálogo con Recap Blu que tener un permiso de porte no significa que el propietario pueda utilizar el arma sin restricciones. La legislación contempla la legítima defensa cuando existe una agresión actual o inminente contra una persona, sus familiares o determinados bienes jurídicamente protegidos.
“La legítima defensa requiere, según el Código Penal, y esto pues es una institución milenaria, que la defensa para que sea legítima, es decir, cuando yo estoy impidiendo un ataque a mi ser, al de mi familia, a mis bienes, a mi propiedad, a mi intimidad en general, debe ser proporcional”, indicó el experto a la emisora.
Uno de los aspectos centrales está en que la reacción debe estar relacionada con la necesidad de detener la agresión. Por eso, cada situación debe examinarse de manera particular y no basta con argumentar que la persona estaba enfrentando un robo o algún otro tipo de ataque.
La diferencia entre legítima defensa y venganza
El límite jurídico adquiere especial importancia cuando la amenaza ya terminó. La explicación del penalista establece una diferencia entre actuar para repeler una agresión y reaccionar posteriormente como forma de retaliación.
En consecuencia, que una persona tenga un arma de fuego autorizada no significa que cualquier utilización del elemento quede automáticamente amparada por la legítima defensa. Las autoridades pueden revisar las circunstancias concretas, la existencia de una amenaza y la conducta desplegada durante el episodio.
El debate también se produce en medio de las discusiones sobre seguridad ciudadana que acompañaron la decisión del Gobierno. La propia medida mantiene controles para acceder a un permiso de porte, entre ellos requisitos relacionados con la edad, la aptitud psicofísica, los conocimientos sobre el manejo de armas y la revisión de antecedentes.
Así, el cambio en las reglas sobre el porte no elimina las responsabilidades que puedan surgir por el uso de un arma. El análisis de una eventual legítima defensa dependerá de las circunstancias específicas de cada caso y de la valoración que hagan las autoridades judiciales.
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