Por: EL PILON SA

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Este artículo fue curado por pulzo   Sep 21, 2026 - 8:16 pm
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La crisis financiera que enfrentan las clínicas y las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, IPS, en el departamento del Cesar ha puesto en riesgo la continuidad de sus servicios, debido a las deudas, glosas y ausencia de pagos por parte de las Entidades Promotoras de Salud, EPS. En este contexto, durante una reunión con los gerentes de las clínicas del sector, se socializó un nuevo proyecto de ley que busca modificar aspectos puntuales del sistema de salud. Esta iniciativa, aún en fase de borrador, fue presentada por la senadora Claudia Margarita Zuleta, integrante de la Comisión Séptima del Senado, junto con sectores de la bancada del Centro Democrático, y propone una estrategia de mediano plazo para corregir las fallas identificadas.

De acuerdo con la explicación presentada durante la reunión, el proyecto no pretende ser una reforma estructural de todo el modelo de salud, sino introducir ajustes y fortalecer los controles sobre el uso de los recursos. Zuleta enfatizó que la prioridad es reforzar la vigilancia y el orden a nivel territorial en el funcionamiento de las EPS y hacer más eficientes y rastreables los pagos a las IPS prestadoras de servicios. Entre los puntos destacados se encuentra la creación de una instancia técnica e independiente encargada de calcular anualmente la Unidad de Pago por Capitación, UPC, que corresponde a los recursos destinados para la atención de los afiliados. Actualmente, la definición de la UPC depende del Ministerio de Salud.

La propuesta también busca implantar un modelo de aseguramiento por territorios, es decir, limitar el número de EPS que pueden operar en cada departamento, de acuerdo con el número de afiliados y la capacidad de atención. En el Cesar, por ejemplo, existen cerca de 14 EPS para una población de alrededor de un millón de usuarios. Las entidades promotoras tendrían habilitación temporal, de aproximadamente cinco años, y su renovación dependería de la evaluación de las secretarías de Salud.

Además, el proyecto plantea reforzar la trazabilidad de los recursos a través de la facturación electrónica y la interoperabilidad de los sistemas, permitiendo así identificar con precisión los servicios facturados, los valores reconocidos y las fechas de pago. Según Zuleta, esto reduciría la discrecionalidad y las dificultades que enfrentan las clínicas para identificar los pagos o cobrar servicios prestados. Adicionalmente, la iniciativa incluiría un régimen especial para las intervenciones a EPS e IPS, estableciendo metas y plazos claros para evitar procesos indefinidos sin resultados. Por último, se buscaría ampliar las facultades de las secretarías de Salud para que las conciliaciones de pago sean exigibles y no queden solo en acuerdos sin efectos.

Este proyecto de ley aún está en construcción y, según señaló Zuleta citada por El Pilón, será consultado con los expertos y actores del sector antes de su presentación oficial. Mientras tanto, las IPS y clínicas del Cesar esperan soluciones que frenen la crisis y eviten más restricciones para los pacientes.

¿Qué busca el nuevo proyecto de ley para el sector salud presentado en Cesar?

El nuevo proyecto de ley, presentado por la senadora Claudia Margarita Zuleta, propone ajustes técnicos y mayores controles en el sistema de salud, sin modificar su estructura general. Entre los objetivos clave están revisar el cálculo de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), fortalecer la vigilancia de los recursos, ordenar el funcionamiento de las EPS en los territorios, mejorar la trazabilidad de los pagos a las IPS y ampliar las facultades de las secretarías de Salud para hacer exigibles los acuerdos de pago, de acuerdo con la información de El Pilón.

¿Qué significa UPC en el sistema de salud y por qué es relevante para las clínicas e IPS?

UPC significa Unidad de Pago por Capitación y corresponde al monto de dinero asignado anualmente para cubrir la atención de cada afiliado al sistema de salud. De acuerdo con la propuesta, calcular la UPC de forma técnica e independiente permitiría ajustar los recursos reales necesarios para la prestación de servicios, lo que ayudaría a mitigar las crisis financieras de las clínicas e IPS, quienes actualmente enfrentan dificultades por pagos insuficientes o demorados por parte de las EPS.

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