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La Corte Suprema de Justicia ratificó las condenas de Claudia Patricia Rojas Puerta y Luis Andrés Ruiz Martínez, quienes fueron funcionarios del Ministerio de Protección Social y se vieron involucrados en el polémico caso conocido como el cartel de los recobros en salud. Como consecuencia, la alta corte dispuso su captura inmediata, señalando que ambos se valieron de sus cargos para permitir que se aprobaran pagos de solicitudes de recobro provenientes de Empresas Promotoras de Salud (EPS) que previamente habían sido objetadas por los responsables de administrar los recursos públicos. Esta actuación les permitía repartirse comisiones del dinero que lograban liberar de manera indebida, según lo expuesto por la sentencia.
En sus funciones, Rojas Puerta se desempeñó como coordinadora del Grupo de Análisis de Recobro, mientras que Ruiz Martínez trabajaba como ingeniero de sistemas en la misma entidad. Rojas Puerta fue condenada a 24 años de prisión y deberá abonar una multa superior a 16.000 millones de pesos colombianos, en tanto que Ruiz Martínez enfrentará una pena de 22 años y medio de prisión y una multa de más de 11.400 millones de pesos. Ambos quedan sin derecho a prisión domiciliaria ni posibilidad de suspender la pena, de acuerdo con lo definido por la Sala Penal en un fallo cuya ponencia estuvo a cargo del magistrado Fernando León Bolaños Palacios y cuya fecha corresponde al 2 de septiembre de 2026. La Corte resolvió, así, la impugnación interpuesta por la defensa contra la condena dictada por el Tribunal Superior de Bogotá en 2021, ratificando su culpabilidad por el delito de peculado por apropiación agravado.
El expediente mostró que los condenados, junto con diversos intermediarios, facilitaron la aprobación de recobros previamente rechazados por el Consorcio Fidufosyga 2005, encargado de gestionar los recursos del Fondo de Solidaridad y Garantía (Fosyga). Los recobros son solicitudes de las EPS al Estado para que se les devuelvan recursos por servicios prestados no incluidos en el entonces Plan Obligatorio de Salud. La corrupción se centraba en recobros objetados tras hallar irregularidades, conocidos como glosas, que debían ser rechazados pero que eran pagados mediante maniobras internas y documentos fraudulentos. Empresas como Salud Colpatria, Ecoopsos, Coomeva, Solsalud y Famisanar habrían resultado beneficiadas de estos desembolsos.
La Corte advirtió que la ilegalidad se sustentó en acuerdos entre intermediarios y funcionarios, quienes además recibían las respuestas sugeridas a las objeciones para hacerlas pasar como válidas ante la entidad, permitiendo pagos millonarios a cambio de comisiones. El proceso —que inicialmente había terminado en absolución, cuestionada por la Fiscalía y después revocada por el Tribunal Superior de Bogotá— también dejó prescrito el caso de Édgar Isaías Medina Millán, intermediario señalado de participar en 13 recobros, y dos hechos relacionados con Ruiz Martínez.
Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
¿Cómo funcionaba el esquema de recobros ilegales en el Ministerio de Protección Social?
El esquema se basaba en la aprobación fraudulenta de recobros que las EPS presentaban al Estado para recuperar dinero por servicios prestados. Cuando el Consorcio Fidufosyga 2005 encontraba irregularidades y glosaba estas solicitudes, los intermediarios ofrecían “soluciones” a las EPS. Funcionarios como Rojas Puerta y Ruiz Martínez utilizaban su cargo para autorizar pagos rechazados, recibiendo comisiones por ello. Así, canalizaban recursos públicos hacia particulares de manera irregular.
¿Qué es el delito de peculado por apropiación agravado?
El peculado por apropiación agravado se refiere a la apropiación indebida de recursos del Estado por parte de funcionarios públicos. En este caso, la Corte Suprema determinó que los acusados, valiéndose de su posición, desviaron fondos públicos para beneficio propio y de terceros, configurando esta modalidad de corrupción sancionada con severas penas judiciales.
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Petro ordena liquidar las EPS que están en quiebra
El presidente Gustavo Petro, a pocos meses de dejar la Casa Nariño, ordenó que todas las EPS que estén en quiebra deben ser liquidadas. Aunque no profundizó sobre cómo deberá suceder esto, hay varias EPS en alerta porque están intervenidas. Por el momento, no hay claridad sobre cuáles serán liquidadas, pero esto obligará a muchas personas a ser trasladadas de EPS.
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