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Pese a la polvareda que levantó el presidente Gustavo Petro al anunciar que le pagaría a los jóvenes “por no matar”, el Gobierno Nacional firmó el decreto que reglamenta el programa para transferirles mensualmente $1 millón.
El documento establece que la iniciativa, denominada Jóvenes en Paz y que permitirá un máximo de 12 transferencias por beneficiario, estará a cargo de la Dirección de Jóvenes en Paz del Ministerio de la Igualdad y la Equidad, en cabeza del recién nombrado viceministro Gareth Steven Sella.
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Se precisa que Jóvenes en Paz busca implementar una ruta de atención integral para jóvenes en condición de extrema pobreza, vulnerabilidad, jóvenes rurales o en explotación sexual, vinculados o con riesgo de vincularse en dinámicas de criminalidad en territorios afectados por la violencia y el conflicto armado.
“El programa responde a un enfoque de derechos, no asistencialista, en el que la persona no es vista como receptora pasiva de prestaciones públicas, sino que respeta su intrínseca dignidad otorgándole las suficientes oportunidades sociales para que pueda forjar su propio destino, participar activamente en la vida común, asumir sus responsabilidades frente a la sociedad y contribuir a la reconstrucción del tejido social”, señala el decreto.
Así las cosas, el proyecto contempla como beneficiarios a jóvenes de entre 14 y 28 años, a quienes se les brindará una ruta de atención integral por un periodo inicial de 6 meses que podrá prorrogarse hasta máximo 18 meses. Los beneficiarios no podrán recibir otro tipo de subsidios de manera simultánea.
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En esa línea, se explica que no podrán ser vinculados al programa jóvenes con una orden de captura o aprehensión; tener una sanción o medida privativa de la libertad vigente; tener más de 29 años; ser beneficiario de transferencias monetarias por la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), y no tener documento de identidad vigente.
También serán causales de terminación de la vinculación al programa la finalización de la ruta de atención prevista; la culminación del tiempo máximo permitido de permanencia; el retiro voluntario; el incumplimiento de deberes y responsabilidades; ser objeto de una orden de captura; tener una medida privativa de la libertad vigente, o que el beneficiario fallezca.
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A todo esto se suma un programa de orientación sociojurídica en relación con los procesos penales que existan en contra de los jóvenes, de cara a que “se asuma la responsabilidad por el daño causado, se repare de forma directa o simbólica a las personas que se hayan visto afectadas y se genere el fortalecimiento de un tejido social afectado por la comisión de un delito u ofensa”.
El Departamento Nacional de Planeación (DNP), que está a cargo de la exjefe de gabinete, Laura Sarabia, será el encargado de diseñar la metodología de focalización territorial de los potenciales beneficiarios. Además, se creará el denominado “Comité Directivo del Programa Nacional Jóvenes en Paz”, una instancia de alto nivel para que el Gobierno Nacional evalúe el cumplimiento de la iniciativa.
Estará conformado, entre otras, por la ministra de la Igualdad, Francia Márquez, así como por delegados de los ministerios de Educación, Salud, Comercio, Trabajo, Interior, DNP y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.
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Finalmente, se establecen los cinco componentes del programa de los jóvenes: educación; corresponsabilidad o trabajo comunitario en el municipio; entendimiento, asociatividad y empleabilidad; atención integral en salud con énfasis en salud mental; y las transferencias monetarias.
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