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El debate sobre la viabilidad de la polémica propuesta del Gobierno de Gustavo Petro de pagarle un millón de pesos mensuales a jóvenes de bandas criminales llegó a su fin. Esto, debido a que se conoció que la Presidencia tiene casi todo listo para poner en marcha la medida.
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Así se pudo confirmar este jueves después de que se reveló un borrador del decreto que emitirá la Casa de Nariño para poder subsidiar con un pago de un millón de pesos mensuales para los jóvenes que dejen las armas y opten por el camino de la paz.
En el decreto se confirmó ese monto que en su momento desató polémica y se conoció que el Gobierno creará un programa denominado “Jóvenes en Paz”, que tiene como objetivo arrebatarle a los jóvenes a la delincuencia en todo el país.
En el documento se detalla que ese monto le será asignado a jóvenes que decidan salirse de las filas de los grupos delincuenciales con el compromiso de integrarse a programas educativos que se desprenden de la política de ‘paz total’ del Gobierno.
“El valor de las transferencias monetarias del Programa se liquidará mensualmente y su monto será de hasta un millón de pesos ($1.000.000) por ciclo operativo, con un límite de doce (12) transferencias por beneficiario”, dice el borrador del decreto.
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Pese a la polémica que desató este pago, el Gobierno dejó en firme su idea de pagarle a los jóvenes que no hagan parte de los grupos criminales, pero dejó clara que hay una serie de requisitos para poder unirse a este programa social.
¿Quiénes pueden recibir este subsidio?
En el borrador del decreto se especificó que al programa de “Jóvenes en Paz” solo se podrán unir personas desde los 29 años en adelante, que no reciban en este momento ningún subsidio a título individual.
“No ser beneficiario de subsidios atribuidos a título individual por entidades del orden nacional o territorial, ni de los Programas Jóvenes en Acción, Tránsito a Renta Ciudadana y Renta Ciudadana”, dice el borrador del documento.
Frente a los jóvenes que pertenezcan a grupos delincuenciales se dejó claro además que solo podrán integrarse al programa quienes no tengan órdenes de captura emitidas por una autoridad judicial.
Además, se precisa que estas personas no pueden tener ninguna sanción penal vigente porque esto representaría una incompatibilidad para su participación y cumplimiento de los componentes de este programa de paz.
También se aclara que no se trata solo de un programa de asistencialismo monetario, ya que es una iniciativa de atención integral con el que se busca garantizar los derechos de los jóvenes con una articulación de actividades sociales.
Al respecto se describe que los jóvenes que se inscriban tendrán derecho a participar en actividades que tendrán que ver con educación, trabajo social, empleo, emprendimiento, atención integral en materia de salud, entre otros.
Esta iniciativa ha levantado polémica debido al monto de dinero que el Gobierno le pagará a los jóvenes, pues desde sectores de oposición cuestionan que se trata de una alta suma que no necesariamente garantizaría que los jóvenes dejen de delinquir.
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