Por: El Colombiano

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Este artículo fue curado por pulzo   Feb 27, 2026 - 7:06 pm
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La audiencia de imputación que esperaba aclarar el caso de Juliana Guerrero, quien ha sido señalada por presuntamente obtener títulos profesionales de forma irregular en Colombia, no se llevó a cabo el viernes como se había previsto. Las expectativas eran altas en los juzgados, con la Fiscalía lista, citaciones formales enviadas y una atención mediática y política en creciente aumento. Guerrero, quien aspiraba a ocupar el cargo de viceministra de Juventudes ante el Ministerio de la Igualdad, fue la gran ausente, lo que motivó que el juez responsable aplazara la diligencia. Al mismo tiempo, el secretario general de la Fundación San José, Luis Carlos Gutiérrez, implicado también en la investigación, acudió sin abogado defensor, profundizando la incertidumbre del proceso e impidiendo que se diera cualquier avance sustancial. La nueva fecha establecida para la realización de la audiencia es el próximo 10 de marzo.

La Fiscalía colombiana ha señalado que la imputación contra Guerrero se fundamenta en los delitos de fraude procesal y falsedad en documento público. Según las indagaciones oficiales, los certificados de contadora pública y de tecnóloga en gestión contable que Guerrero presentó, así como sus registros publicados ante el Sistema de Información y Gestión de Empleo Público (SIGEP), habrían sido empleados para validar su hoja de vida y acceder al cargo público. No obstante, existen pruebas recolectadas que indicarían que ella no asistió a clases ni presentó las pruebas Saber Pro, exámenes fundamentales en el sistema educativo colombiano para la obtención de estos títulos.

Al respecto, la fiscal delegada Deicy Jaramillo Rivera expuso que, aunque los registros oficiales reflejan a Guerrero como graduada desde el primero de julio, estos documentos no cumplirían los requisitos legales exigidos. El SIGEP integró estos títulos en agosto de 2025, un hecho que intensificó las dudas sobre la legalidad en su proceso de designación pública. Jaramillo Rivera insistió en la gravedad del asunto, pues se cuestiona directamente la legitimidad de la posesión del cargo por parte de Guerrero, situando el caso bajo el mayor escrutinio institucional.

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Este proceso judicial cobró especial relevancia cuando la representante a la Cámara, Jennifer Pedraza, hizo públicas las presuntas irregularidades y documentó denuncias puntuales. Pedraza ha presentado evidencia que, según asegura, demostraría pagos sospechosos realizados a la Universidad San José por valores que alcanzan los ocho millones de pesos colombianos, reportados oficialmente ante la DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales). Una circunstancia particular es que estos desembolsos se habrían hecho casi un mes después del presunto acto de graduación, lo cual llamaría la atención sobre la transparencia de los trámites internos en dicha institución universitaria.

La Fiscalía sigue recopilando información sobre este caso con el fin de determinar si existen irregularidades adicionales y está en proceso de verificar la existencia de otros hechos similares en la misma universidad. Mientras tanto, el futuro judicial de Juliana Guerrero permanece incierto, ampliando el debate sobre la vigilancia y la transparencia en la administración pública de Colombia.

¿Qué consecuencias podría enfrentar una persona señalada de fraude procesal y falsedad en documento público en Colombia?

La posibilidad de que un funcionario público sea imputado por los delitos de fraude procesal y falsedad en documento público implica cuestionamientos serios a la transparencia y credibilidad de las instituciones. En el contexto colombiano, estas conductas delictivas pueden acarrear tanto sanciones penales como disciplinarias, lo que pone en juego la carrera profesional, la reputación y la posibilidad de ejercicio futuro en cargos estatales.

Por eso mismo, el desenlace del caso de Juliana Guerrero resultará clave para observar cómo las autoridades enfrentan este tipo de desafíos y hasta qué punto los procesos internos y de fiscalización pueden prevenir y castigar la presencia de prácticas irregulares dentro de las dependencias oficiales del país.


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