El misterio sobre la identidad de la mujer que puso en alerta máxima los esquemas de seguridad del expresidente Álvaro Uribe y la senadora Paloma Valencia en el Tolima ha quedado resuelto. Se trata de Mónica Fernanda Joven Urbano, una funcionaria activa del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) de 30 años de edad, quien fue capturada en flagrancia portando una pistola calibre 25 mm, un cargador y cinco cartuchos, todo esto sin contar con el permiso legal para el porte de armas.
Joven Urbano no es una desconocida para el sistema penitenciario, pues inició su carrera en la institución el 3 de noviembre de 2017. Actualmente, ostenta el grado de dragoneante 411411 y cumple funciones en el establecimiento La Esperanza de Guaduas, en Cundinamarca, una de las cárceles más importantes de la región con más de 2.600 internos. Aunque su labor constitucional es mantener el orden y la seguridad dentro del penal, en el momento de su captura se encontraba disfrutando de un periodo de vacaciones, según confirmó el propio Inpec en un comunicado oficial, según informó El Tiempo.
La hoja de vida de la dragoneante muestra que fue nombrada oficialmente en la carrera penitenciaria en marzo de 2019, tras superar un periodo de prueba de dos años. En aquel entonces, formó parte de un grupo selecto de 100 mujeres que ocuparon vacantes de formación avaladas por la dirección general de la época. Pese a este historial institucional y a no contar con antecedentes penales previos, su situación jurídica hoy es crítica, no solo por el arma incautada, sino por las estrictas prohibiciones que tienen los funcionarios públicos en Colombia.
Un detalle que complica el panorama administrativo es que la capturada cuenta con fuero sindical al estar adscrita a una de las asociaciones de empleados del instituto. No obstante, el Inpec ya inició los procedimientos disciplinarios necesarios para delimitar su responsabilidad y posible desvinculación. Líderes sindicales del sector han advertido que la situación de Joven Urbano es doblemente irregular, ya que a los servidores públicos se les prohíbe tajantemente participar en actos de proselitismo político, incluso si se encuentran en sus días de descanso.
Las autoridades judiciales ahora centran sus esfuerzos en analizar por qué una custodia de una cárcel de alta seguridad decidió asistir armada a un evento político de oposición al que tenía prohibido ir por ley. Mientras el Inpec pide no generalizar el comportamiento de la mujer con el resto de sus miles de funcionarios, un juez de la República definirá en las próximas horas si la dragoneante Joven Urbano es enviada a prisión mientras avanza la investigación por porte ilegal de armas y los motivos reales de su presencia en el evento de Paloma Valencia.
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