El Ministerio de Educación ha iniciado una investigación administrativa preliminar frente a la Fundación de Educación Superior San José. Los principales focos de la investigación caen sobre sus directivos, representantes legales, consejeros, administradores, revisores fiscales y exsecretarios generales.
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La Resolución 1551 se ha implementado en respuesta a alegaciones de incumplimiento de diversas disposiciones constitucionales, reglamentarias y legales que regulan el servicio público de educación superior.
El armazón legal de la investigación se nutre de diversas pruebas y antecedentes. Entre estos figura un comunicado fechado el 29 de septiembre de 2025, enviado por el grupo de medidas preventivas a las instituciones de educación superior al grupo de procesos sancionatorios, en el que se anexaban evidencias y detalles de una visita hecha el 22 de septiembre de 2025 a la Fundación de Educación Superior San José, según informó Blu Radio.
Asimismo, los expedientes académicos de Laura Julieth Martínez Morales y Carlos Alberto Mendoza Siachoque han sido incorporados a la indagación. Martínez Morales ocupó un tiempo como contratista en el Gobierno del Presidente Gustavo Petro y Mendoza Siachoque también está bajo investigación. Adicionalmente, se revisará el caso de Juliana Guerrero, aspirante a la viceministría de Juventud.
Sumado a ello, en la citada emisora informaron que supuestamente habrían escoltas de la UNP que se habrían beneficiado de los diplomas, ya que pagaron una matrícula y en un par de años se acreditaron como profesionales sin serlo o sin cumplir con los requisitos mínimos.
De hecho, en el citado medio se informó la UNP tendría un acuerdo millonario con la Fundación San José, todo con el fin de que presuntamente se les suba el perfil a reinsertados de las Farc que hacen parte de la entidad y puedan mejorar sus prestaciones sociales, pero con títulos inválidos.
Para liderar el proceso informativo, el Ministerio ha designado al Dr. Emilio Esneider Forero Beleno, profesional especializado de la Subdirección de Inspección y Vigilancia. Según dicta el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la resolución de la investigación no será susceptible a ninguna especie de recurso. El deber de notificar la resolución a los implicados recae sobre la Secretaría General de la Fundación de Educación Superior San José.
El propósito principal de la acción es determinar si se han producido violaciones a las normas que rigen la educación superior y, en caso de resultar positivo, identificar a los posibles responsables para ejercer las sanciones administrativas establecidas por la Ley 1740 de 2014 y otras disposiciones aplicables.
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