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La decisión fue notificada con la Resolución 021551 del 10 de noviembre de 2025, firmada por el ministro Daniel Rojas Medellín, luego de varias visitas en las que se detectaron posibles incumplimientos en procesos de graduación.
Estas irregularidades, de acuerdo con la publicación realizada por el Ministerio de Educación, vulneran las normas que regulan la educación superior entre ellas la Ley 1324 de 2009, el Decreto 1075 de 2015 y la Ley 1740 de 2014, además de los propios reglamentos internos de la Fundación, que establecen la presentación de las pruebas Saber como requisito obligatorio para otorgar títulos técnicos, tecnológicos y profesionales.
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La investigación cobija a los directivos, representantes legales, consejeros, administradores, revisores fiscales y exsecretarios generales de la Fundación San José. La Subdirección de Inspección y Vigilancia, adelantará el proceso de seguimiento y continúa verificando la existencia de irregularidades adicionales que determinen la necesidad de medidas preventivas.
Pulzo complementa que en el expediente también se incorporaron el informe de auditoría forense sobre la plataforma “Mi Matriz”, el manual de procesos de grados ordinarios y extraordinarios, el reglamento de opciones de grado, el proceso de grados 2025 y la política de bienestar institucional. Además, dentro del material probatorio se incluye una captura de pantalla de la consulta de resultados del ICFES correspondiente a la estudiante Laura Julieth Martínez Morales.
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Para adelantar la investigación, el Ministerio de Educación designó al doctor Emilio Esneider Forero Beleno, profesional especializado de la Subdirección de Inspección y Vigilancia, quien ejercerá como funcionario investigador. La Secretaría General de la Fundación deberá notificar la resolución a las personas involucradas, teniendo en cuenta que contra dicho acto administrativo no procede recurso alguno, conforme al artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
De acuerdo con el ministerio, el objetivo de esta actuación es verificar si hubo vulneraciones a las normas que rigen la educación superior y, en caso de confirmarse irregularidades, identificar a los responsables para aplicar las sanciones administrativas previstas en la Ley 1740 de 2014 y en las demás disposiciones vigentes.
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