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La Universidad del Atlántico enfrenta una de las crisis más profundas de sus últimos años debido a la polémica en torno a la elección de Leyton Barrios como rector. Esta decisión provocó un paro indefinido en ocho de las diez facultades, así como protestas y bloqueos en distintos sectores, una situación que podría extenderse al 31 de octubre, según reportó El Espectador. El trasfondo de este conflicto se relaciona no solo con la importancia de la institución como el principal centro de educación superior pública del Caribe colombiano, sino también con la influencia y los intereses de clanes políticos regionales.
La rectoría de la Universidad del Atlántico resulta especialmente valorada debido al gran presupuesto que maneja: para el año 2025, se estimó en cerca de 445 mil millones de pesos colombianos. Adicionalmente, la presencia de familias políticas tradicionales como los Name, Gerlein y Char, ha elevado la tensión, pues el control de la rectoría se percibe como una plataforma de poder regional. La disputa se intensificó con la reciente modificación del artículo 29 del Estatuto General del Consejo Superior Universitario (CSU), permitiendo la reelección del rector por una única vez para un periodo de cuatro años. Esta decisión fue impulsada por Angely Díaz Cordero, representante estudiantil, bajo el argumento de dar continuidad a administraciones consideradas propositivas, según lo expuesto por líderes estudiantiles entrevistados por El Espectador.
Las controversias se agudizaron tras el intento de candidatura de Danilo Hernández, anterior rector vinculado al clan Char, aunque finalmente no fue inscrito. En su lugar, Leyton Barrios, quien era secretario de Educación departamental, fue incluido en la terna. La elección del nuevo rector estuvo rodeada de denuncias, especialmente respecto a si Barrios cumplía con los exigentes requisitos de experiencia estipulados por el estatuto universitario, como detalló el Ministerio de Educación. Incluso, la sesión del CSU para la elección, programada para el 27 de octubre, se vio interrumpida cuando representantes del Gobierno, exrectores y docentes se retiraron, argumentando la falta de respuestas a recusaciones y denuncias. Sin embargo, la mayoría del CSU continuó y eligió a Barrios.
Esta designación provocó un rechazo inmediato de buena parte de la comunidad universitaria, que convocó a paro y bloqueos, exigiendo la renuncia tanto del nuevo rector como de la representante estudiantil, además de una exhaustiva revisión de las hojas de vida por parte del Ministerio de Educación. Voceros consultados por Blu Radio manifestaron que solo tras cumplir estas condiciones se levantaría el paro.
En el desarrollo de las manifestaciones, se presentaron enfrentamientos entre los estudiantes y la fuerza pública. El ministro del Interior, Armando Benedetti, denunció en su cuenta de X (anteriormente Twitter) el uso excesivo de la fuerza, incluyendo gases lacrimógenos en el campus, lo que generó preocupación por la seguridad y los derechos de los manifestantes. El viceministro de Educación Superior, Ricardo Moreno, también expresó su rechazo a la intervención policial, subrayando la historia de estigmatización y represión que han enfrentado las universidades públicas en Colombia. Por contraste, el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, condenó los actos violentos derivados de la protesta, asegurando que las autoridades judicializarían a los responsables.
El procurador general, Gregorio Eljach, llamó a respetar la autonomía universitaria y garantizó una investigación rigurosa de los hechos denunciados. Mientras tanto, la Asociación Sindical de Profesores Universitarios (Aspu) seccional Atlántico anunció que el paro y las manifestaciones se mantendrían hasta que se atendieran las demandas del movimiento universitario.
¿Por qué genera tanto interés la elección del rector en la Universidad del Atlántico?
La pregunta surge a partir del contexto político y económico que rodea a la Universidad del Atlántico, la institución pública más grande de la región Caribe, cuyo presupuesto la convierte en un jugador clave en educación superior. La capacidad de decisión de la rectoría sobre grandes sumas de dinero y proyectos estructurales ha atraído tradicionalmente la atención de influyentes clanes políticos de la región.
El proceso de designación del rector no solo refleja tensiones internas, sino que evidencia cómo la administración universitaria se convierte en un epicentro de intereses y disputas de poder, quedando en el centro de múltiples exigencias de transparencia, legalidad y autonomía universitaria por parte de sus distintos actores y de la sociedad en general.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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