El Tribunal ordenó la medida de aseguramiento contra los exministros Ricardo Bonilla, de Hacienda, y Luis Fernando Velasco, del Interior, dentro del proceso penal que se les adelanta por el desvío de millonarios contratos de la UNGRD y el Invías.
Según la Fiscalía, estos recursos habrían sido utilizados para comprar el apoyo de congresistas a proyectos y reformas impulsados por el Gobierno.
La magistrada Aura Alexandra Rosero consideró que la Fiscalía erró al solicitar inicialmente detención domiciliaria, pues por la gravedad de los hechos debía pedirse una medida más severa.
El Tribunal concluyó que los exministros, cuando ejercían sus cargos, tenían control directo sobre recursos públicos y capacidad para direccionarlos de manera indebida.
En el caso de Bonilla, se destacó su poder sobre el manejo presupuestal, mientras que Velasco mantenía contacto constante con congresistas.
La decisión judicial señala que existió una división de tareas dentro de una presunta empresa criminal, orientada a entregar contratos a cambio de votos favorables en la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público.
La Fiscalía imputó los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho e interés indebido en la celebración de contratos, cargos que ambos exministros rechazaron.
El Tribunal dio credibilidad a los testimonios de Olmedo López, Sneyder Pinilla y de la exasesora María Alejandra Benavides, así como a la existencia de un “cónclave” en la Casa de Nariño, concluyendo que los procesados representan un peligro para la sociedad y que sus actuaciones afectaron la confianza en las instituciones.
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