“¿Y no asistió el presidente?”, preguntó esta semana un ciudadano al encumbrado Consejo de Estado, inquiriendo por la presencia del mandatario en la apertura de la exposición ‘Cuarenta veces noviembre’, como parte de la conmemoración de los cuarenta años de la sangrienta toma y retoma del Palacio de Justicia. La consulta debió estar sustentada en dos hechos concretos: al templo de la justicia se lo tomó un comando del M-19 el 6 de noviembre de 1985, y Gustavo Petro, hoy presidente de la República, fue miembro de ese grupo guerrillero, sin que hubiera tenido ninguna participación en ese holocausto.
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Por supuesto, el Consejo de Estado, tribunal supremo de lo contencioso administrativo, diseñado como está para, entre otras cosas, decidir sobre los procesos de mayor importancia o complejidad contra el Estado, responder consultas del Gobierno en asuntos de la administración y asesorar al Estado en la toma de decisiones importantes para la sociedad, no le contestó al ciudadano que, en todo caso, planteó un interrogante pertinente relativo a lo que pueda hacer o decir el presidente Petro esta vez con respecto a la toma del Palacio de Justicia, un luctuoso hecho que siempre lo interpelará.
El mandatario y el Palacio de Justicia serán asociados al menos por dos razones. La primera es que si bien —y esto hay que subrayarlo con claridad— no hizo parte de ninguna manera en la toma, sí integró el ala política del M-19. No fue comandante militar ni hizo parte de estructuras militares, pero fue uno de los cinco miembros de la Dirección de la Región Central, y se le atribuye como uno de sus principales logros promover el desarme de la guerrilla entre 1989 y 1990 de la mano de Carlos Pizarro. Se llegó a señalar que Petro fue un ayudante muy cercano a Pizarro.
La otra razón es que el jefe de Estado exalta con jactancia la bandera y otros símbolos del M-19, y evoca con nostálgico orgullo su pasado guerrillero y la memoria de sus jefes en esa organización. Por ejemplo, elevó a la categoría de patrimonio cultural de la nación el sombrero de Pizarro, quien —según declaraciones del mismo Petro y de otros exintegrantes del M-19 a la Comisión de la Verdad que conformó la Corte Suprema de Justicia, como Antonio Navarro Wolf, Rosemberg Pabón y más que pidieron la reserva de su identidad— decidió en el Cauca junto con Álvaro Fayad la toma del Palacio de Justicia.
Qué ha dicho Gustavo Petro del Palacio de Justicia
En diferentes momentos, el presidente Petro ha dado su punto de vista sobre la temeraria acción guerrillera o ha puesto en duda investigaciones como la de la Comisión de la Verdad. Cuando, en el 2005, la Fiscalía reabrió las investigaciones por los desaparecidos en el Palacio de Justicia, el entonces congresista Gustavo Petro fue protagonista con su versión en el Congreso y porque escribió, junto a Maureén Maya, el libro ‘Prohibido olvidar’ (Ed. Pisando callos, 2006), en el que concluyó que el M-19 no fracasó políticamente, únicamente lo hizo la democracia. Para él, lo que se dio fue “el falseamiento de la historia” con el consecuente desconocimiento de responsabilidades.
Solo en 2010 se mostró autocrítico cuando escribió en un trino que la toma “no tenía justificación real porque el M-19 debió mantener la paz a como diera lugar”. Pero en 2015 se preguntó: “¿Y si la historia oficial sobre el Palacio de Justicia no es cierta? ¿Y si solo sirve para encubrir podredumbre de la clase dirigente?”. Cinco años después, aseguró que la toma tuvo “un origen político y no en Pablo Escobar”, pues el M-19 “buscaba denunciar a Belisario [Betancourt] por romper el acuerdo de Paz que había firmado con esa agrupación. Y quería relanzar el proceso de paz y el dialogo nacional con la presión de las armas”.
Sin embargo, si bien los asaltantes denominaron su acción ‘Operación Antonio Nariño por los Derechos del Hombre’, que, según ellos, buscaba presentar una “demanda armada” ante los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, acusando al presidente de la República de “traición a la voluntad nacional de forjar la paz por el camino de la participación ciudadana y la negociación”, ese tinte político quedó desdibujado en el informe final de la Comisión de la Verdad de 2010, que concluyó: “Todo indica, entonces, que hubo conexión del M-19 con el Cartel de Medellín para el asalto al Palacio de Justicia”.
En su libro ‘Una vida, muchas vidas’ (Ed. Planeta, 2021), el presidente Petro insistió, pese a las evidencias que encontró la Comisión de la Verdad de 2010, que el M-19 no estuvo vinculado con el Cartel de Medellín, al que, por el contrario, relacionó con el Ejército:
“Una hija del director de la Brigada de Institutos Militares de la época de [Julio César] Turbay, Miguel Vega Uribe, se había casado con la hija de uno de los narcotraficantes que estaba extraditado en los Estados Unidos. En ese momento no sabíamos que existía una comunicación entre [el coronel Alfonso] Plazas Vega y el Cartel de Medellín. Es altamente probable que haya sido Escobar el que le avisara al Ejército sobre la toma, a partir de infidencias que quizás le hicieron militantes del movimiento en Antioquia. Escobar, entonces, empezó a jugar entre bastidores en la toma, pero no del lado de la guerrilla, sino del Ejército, y no con la intención de quemar los procesos contra él, como suele informar la historia oficial”, escribió Petro en su libro.
La Comisión de la Verdad de 2010, por su parte, estableció, entre otros, hechos como:
- “Entre 1984 y 1985, miembros de la dirección del M-19 se reunieron en Medellín con Pablo Escobar, recibieron dineros de ese Cartel y realizaron acciones criminales conjuntas, actitud que no fue compartida por otros integrantes del grupo subversivo”;
- “Iván Marino Ospina, antes y después de su expulsión como jefe máximo del M-19, sostuvo hasta su muerte, ocurrida en agosto de 1985, estrecha amistad y unidad de acción con Pablo Escobar, y era el único autorizado por el movimiento subversivo para conversar con él. Como comandante del M-19, Ospina coincidió con miembros del Cartel de Medellín en afirmar que por cada colombiano extraditado sería asesinado un ciudadano estadounidense en Colombia”;
- “A mediados de 1985 vuelven a reunirse miembros del M-19 con Pablo Escobar, y al suceder Álvaro Fayad a Ospina en la dirección del M-19, continuaron las actuaciones conjuntas de ambas organizaciones delictivas”;
- “John Jairo Velásquez Vásquez, apodado ‘Popeye’, declaró a la Comisión de la Verdad que su ‘patrón’ Pablo Escobar pagó al M-19 inicialmente dos millones de dólares por la toma del Palacio de Justicia, entregándoselos a Iván Marino Ospina, pero que no sabe lo que finalmente sucedió con ese dinero”;
- “Por su parte, Carlos Castaño [exjefe paramilitar] refirió para el libro ‘Mi confesión’ [de Mauricio Aranguren Molina, Ed. Oveja Negra, 2002] el acuerdo al que llegaron en su presencia, a finales del mes de mayo de 1985, Carlos Pizarro y el cartel de Medellín para la toma del Palacio de Justicia por el M-19, por iniciativa de Pablo Escobar”.
Persisten dudas sobre el Palacio de Justicia
Este tipo de aseveraciones son las que el presidente Petro califica como “verdad oficial”. Hace un año, con ocasión del 39 aniversario de la toma, y al comentar una entrevista de Helena Urán, hija del magistrado Carlos Horacio Urán, con un el agente de inteligencia José Leonairo Dorado, aseguró que “la verdad oficial sobre el Palacio de Justicia es mentira. Mentira que se hizo para ocultar que premeditadamente personas de uniforme [militares] subjudices por delitos de tortura, que en masa se hicieron en el gobierno de Turbay, querían quemar las pruebas contra ellos y no les importó la vida de los magistrados a quienes dispararon y que eran quienes adelantaban las investigaciones contra ellos”.
El mandatario sigue sosteniendo que a todos los magistrados inmolados los mataron las Fuerzas Armadas. Esta semana escribió en X que los magistrados Manuel Gaona Cruz y Carlos Horacio Urán Rojas “salieron juntos del baño donde estaba Andrés Almarales [jefe de la toma] ya cercado”, y que “recibieron disparos de quienes estaban al frente”, es decir, del Ejército. Y agregó, esta vez sí dándole la razón a la verdad judicial, que “ningún magistrado de acuerdo al exámen [sic] forense que hizo la justicia tiene disparos provenientes de las armas, que eran del M19 que tenían marcas diferentes a las de la fuerza pública, en sus cuerpos”.
Sin embargo, la Comisión de la Verdad hace 15 años y el hijo del magistrado Gaona, Mauricio Gaona, en el recién creado portal www.manuelgaonacruz.org, ofrecen evidencias que van desde versiones de testigos presenciales hasta análisis balísticos muy técnicos, de que, al menos en el caso de Gaona Cruz, fue ejecutado por los guerrilleros al negarse a ser usado por ellos como escudo humano, además de ser —varias pruebas también apuntan a eso— uno de los objetivos de la toma por defender la constitucionalidad de la ley de extradición.
Pese a esfuerzos como el de la Comisión de la Verdad y a investigaciones técnicas e interdisciplinarias como la de Mauricio Gaona, cuarenta años después el humo que sigue rodeando la sangrienta toma del palacio de Justicia parece no disiparse del todo. Las víctimas continúan reclamando verdad y justicia, y el país espera oír, en la conmemoración de este año, lo que vaya a decir el presidente de la República, un exmiembro del M-19 que siempre encuentra la forma de exaltar las acciones de ese movimiento y sus símbolos.
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