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La desaparición forzada en Colombia ha dejado una profunda huella en la vida de miles de familias. El relato de María del Pilar Navarrete evidencia la persistencia y dolor de las mujeres buscadoras. María del Pilar inició su búsqueda cuando dejó de saber de su esposo, Héctor Jaime Beltrán Fuentes, mesero en la cafetería del Palacio de Justicia, la mañana de la toma por el M-19 y la posterior retoma militar el 6 y 7 de noviembre de 1985, según su testimonio. Desde esa fecha y por casi cuatro décadas, la incertidumbre marcó cada día de su existencia, pese a múltiples esfuerzos para obtener respuestas de las autoridades.
Un video grabado el 6 de noviembre por TV Española —hallazgo propiciado por la Comisión de la Verdad solo hace cuatro años— confirmó que Héctor Jaime salió con vida del Palacio y fue trasladado bajo custodia militar. Para entonces, organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya habían condenado al Estado colombiano por desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y torturas ocurridas en esos hechos, tal como relata María del Pilar.
La búsqueda ardua de la familia encontró respuesta luego de 31 años, cuando identificaron parte de los restos de Héctor Jaime en una tumba del cementerio Jardines del Recuerdo en Barranquilla. Estos restos, que habían sido entregados erróneamente a la familia del magistrado Julio César Andrade tras una identificación fallida de Medicina Legal, fueron sepultados dignamente, sin saber la verdadera identidad del fallecido. El hallazgo supuso un fuerte impacto emocional para ambas familias, obligadas a vivir el dolor revivido de la ausencia y el engaño estatal.
La identificación de los restos fue posible a través de pruebas genéticas y comparación de ADN, realizadas por Medicina Legal a partir de muestras recolectadas a los familiares. Tras confirmar la compatibilidad en un 99.9%, se entregaron los restos, aunque el cuerpo no estaba completo y presentaba evidencias de homicidio, con rastros de un proyectil en el muslo izquierdo y signos de calcinación sin daños atribuibles al incendio del Palacio.
Para María del Pilar, aunque el hallazgo brindó cierto alivio al terminar la búsqueda y permitir un entierro digno, también se tradujo en empatía y duelo compartido con la familia Andrade, demostrando el ciclo extenso de dolor y revictimización al que expone la desaparición forzada. Su experiencia impulsó su compromiso como vocera nacional de Verdad y Memoria del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE), respaldando hoy a otras mujeres buscadoras y trabajando junto a organizaciones como FASOL.
Lina Gómez, madre buscadora de Cartago, encara un escenario actual de violencia y desprotección institucional. Tras la desaparición de su hijo Nicolás en junio de 2023, junto con Nasli Daniela Santiago, la indolencia de las autoridades y la hostilidad de los organismos encargados la llevaron a recurrir a la búsqueda directa junto a la familia de Daniela, enfrentando amenazas y obstáculos impuestos incluso por el gobierno local, como el taponamiento de la laguna que podía contener los cuerpos.
Las dificultades aumentaron por la falta de respuestas oficiales, la manipulación de pruebas —como la limpieza de la moto hallada— y negaciones de apoyo. A pesar de recibir información anónima y sufrir intentos de extorsión, Lina y su grupo persistieron en la tarea de encontrar a sus hijos. Finalmente, unos meses después, hallaron el cuerpo de Daniela y restos que probablemente corresponden a Nicolás, aunque Lina aún demanda pruebas de ADN para confirmar la identidad. El entorno de Cartago, controlado por bandas criminales como Los Flacos, sigue propiciando desapariciones, asesinatos y amenazas contra quienes buscan justicia.
Lina, actual representante de la Asociación de Madres de Cartago (ASOMADCA), da voz a otras madres en situación similar, destacando una crisis de seguridad que obliga incluso al exilio de varias integrantes ante las amenazas. Su labor, acompañada por el testimonio de María del Pilar, refleja la lucha constante de las mujeres buscadoras en Colombia: entre el dolor, la dignidad y la incansable exigencia de verdad.
¿Qué significa el término “desaparición forzada” y por qué es tan relevante en el contexto colombiano?
La desaparición forzada se refiere a la captura o privación de libertad de una persona por parte de agentes estatales, grupos armados o particulares con conocimiento o aquiescencia de autoridades, seguida por la negativa de información sobre el paradero de la víctima. En Colombia, la desaparición forzada ha sido utilizada como estrategia violenta para intimidar comunidades, eliminar testigos y acallar opositores, dejando profundas cicatrices en la sociedad.
La relevancia del término se incrementa cuando se consideran relatos como los de María del Pilar Navarrete y Lina Gómez, pues la incertidumbre, la búsqueda incansable y la falta de respuestas estatales generan graves afectaciones emocionales y sociales. Además, el reconocimiento de la desaparición forzada como crimen de lesa humanidad implica una responsabilidad internacional de investigar, sancionar y reparar a las víctimas. Así, entender su significado contribuye a visibilizar el drama humano que enfrentan las familias y exigir acciones efectivas del Estado colombiano.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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