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Escrito por:  David Sánchez
Periodista     Dic 23, 2025 - 9:13 pm

El 23 de diciembre de 2025, la periodista Camila Zuluaga dio a conocer una llamada de estafa que recibió en la que pudo descubrir detalles del funcionamiento de una red de estafas telefónicas que opera desde cárceles de Colombia.

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La comunicadora no cayó en la trampa, pero aprovechó que entró en confianza con el delincuente para entrevistarlo. Esto luego de que el sujeto intentara con engaños acceder a su WhatsApp a través de un código de verificación de seis dígitos.

Durante el diálogo, el interlocutor reconoció que no actúa de manera individual, sino dentro de una organización amplia que, según afirmó, estaría conformada por miles de personas y tendría alcance internacional.

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Incluso sostuvo que este tipo de operaciones se replica en otros países como Chile, España, Panamá, México, Ecuador y que el volumen de víctimas supera con creces el número de integrantes de la red.

El hombre se refirió a su lugar de reclusión como “la universidad”, término usado por algunos internos para aludir a la cárcel, y admitió que desde allí funcionan estructuras similares a centros de llamadas.

De acuerdo con su testimonio, estas actividades ilegales les permiten obtener hasta 20 millones de pesos en pocos minutos, recursos destinados a cubrir gastos internos como alimentación, que puede alcanzar los 250.000 pesos.

 

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Delincuente le ofreció trabajo a Camila Zuluaga

En medio de la entrevista, Zuluaga cuestionó la lógica de la red y puso en evidencia las fallas del sistema penitenciario. El estafador intentó justificar su actuar aludiendo a necesidades económicas y llegó a afirmar que una voz femenina resulta clave para entrar en confianza en las víctimas, por lo que incluso ofreció a la periodista un “tutorial en audio” para integrarse al esquema.

Con la confesión la periodista quedó sorprendida por que la conversación dejó al descubierto no solo el modus operandi de estas estafas, sino también la magnitud del problema y las debilidades en el control del uso de teléfonos celulares dentro de los centros penitenciarios del país.

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