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La noche del 2 de octubre de 2025 en Bogotá estuvo marcada por tres homicidios registrados en distintas localidades de la ciudad, un hecho que pone en evidencia la continuidad de episodios violentos a pesar de la disminución general en las cifras de homicidio reportadas en lo corrido del año. Las víctimas, todas ellas vinculadas a actividades informales, fueron asesinadas en San Cristóbal, Suba y Los Mártires, una muestra de cómo ciertos sectores y trabajadores informales siguen siendo especialmente afectados. En uno de los casos, un conductor informal, tras ser perseguido por un sicario en moto, fue atacado y muerto a tiros. El segundo caso involucró a un vigilante informal en Suba, cuyo asesinato quedó en parte registrado en video. Finalmente, la tercera víctima perdió la vida en el barrio Santa Fe, también por heridas de bala, sin sobrevivir al ataque en el lugar, según los reportes citados en el artículo original.
Este repunte de violencia coincidió en el tiempo con los anuncios realizados por las autoridades municipales y la Policía, quienes informaron sobre la captura de casi 400 personas por homicidio entre enero y septiembre. Según datos oficiales compartidos por el alcalde Carlos Fernando Galán, septiembre fue el mes con menos homicidios en Bogotá desde 2003, con una notable reducción del 37 % respecto al mismo mes del año anterior, pasando de 129 a 81 casos. No obstante, la estadística total de 873 homicidios en 2025 evidencia que la situación general apenas varía respecto al año anterior, mostrando que las reducciones mensuales pueden no reflejar completamente la realidad vivida en sectores vulnerables.
Expertos en temas de criminología y seguridad entrevistados por El Espectador afirman que las cifras globales pueden enmascarar focos de violencia muy localizados, particularmente en barrios donde predominan actividades informales y existe competencia entre estructuras criminales. El Instituto de Estudios sobre Seguridad Urbana de Bogotá señala que fenómenos como el sicariato y la extorsión en sectores populares persisten en su afectación a conductores, vigilantes y pequeños comerciantes, impactando directamente el derecho a la seguridad y la estabilidad alimentaria de muchas familias.
Por su parte, el Observatorio de Seguridad Ciudadana ha documentado cómo la combinación de informalidad laboral, precariedad económica y falta de garantías laborales aumenta la exposición de sectores urbanos marginados a la criminalidad. Según estos estudios, conductores y vigilantes coinciden con perfiles de víctimas recurrentes de violencia urbana, tal como se evidenció en los casos recientes de Bogotá.
Las autoridades, basándose en evidencia audiovisual y testimonios recolectados, buscan esclarecer los posibles vínculos entre estos homicidios y redes de extorsión local, fenómeno que persiste pese a los operativos de la Policía Metropolitana de Bogotá. Reportes policiales insisten en que los ataques a transportistas informales están vinculados a enfrentamientos territoriales entre bandas criminales, una tendencia identificada en varias ciudades latinoamericanas y analizada por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) como una dimensión estructural de la inseguridad urbana.
Organizaciones sociales, así como académicos citados por la Universidad Nacional de Colombia, han reiterado la necesidad de respuestas integrales a estas problemáticas. Más allá de la labor punitiva, insisten en atender las causas estructurales, entre ellas la precariedad del empleo informal y la ausencia de mecanismos efectivos de convivencia ciudadana. Coinciden en que la colaboración entre las autoridades, la comunidad y los sectores productivos será fundamental para garantizar entornos más seguros y dignos, reduciendo los espacios para la violencia y la ilegalidad que afectan particularmente a los más vulnerables.
En definitiva, aunque la disminución de los homicidios es confirmada por las cifras oficiales, los recientes episodios violentos acontecidos en Bogotá evidencian una realidad compleja, donde la violencia persiste en ciertos sectores marginados y deja en claro la urgencia de aplicar políticas públicas que aborden tanto la contención como la prevención y atención de las causas estructurales de la criminalidad en la ciudad.
¿Qué se entiende por informalidad laboral y por qué es relevante en los casos de violencia urbana? La informalidad laboral alude a formas de empleo que carecen de contratos legales, prestaciones sociales y seguridad jurídica. Según estudios mencionados por el Observatorio de Seguridad Ciudadana, la informalidad expone a quienes la padecen a condiciones de mayor desprotección social y económica. En el contexto de Bogotá, la relación entre altos niveles de informalidad y vulnerabilidad ante la violencia quedó patente en la identificación de conductores y vigilantes informales como víctimas recurrentes de homicidios relacionados con disputas territoriales y extorsiones, situaciones exacerbadas por la falta de alternativas laborales seguras para estos grupos.
¿Qué acciones están tomando las autoridades para enfrentar los homicidios en sectores vulnerables? Las autoridades de Bogotá, según datos de la Policía Metropolitana y declaraciones del alcalde Carlos Fernando Galán, han intensificado operativos, logrado capturas y mantenido campañas de prevención para combatir el homicidio y otros delitos en la ciudad. No obstante, los expertos y voces de la sociedad civil insisten en la importancia de complementar las estrategias represivas con programas de integración social, acceso al empleo formal y apoyo comunitario, que aborden las raíces estructurales de la inseguridad, en particular en zonas donde la violencia sigue siendo cotidiana y la confianza en el Estado es limitada.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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