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La crisis de hacinamiento y las precarias condiciones sanitarias en los centros de privación de libertad continúan siendo motivo de gravedad, según lo plantea la Corte Constitucional. Esta situación, que impacta de manera directa los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad, fue reconocida desde 1998 mediante la declaración del estado inconstitucional de cosas, mecanismo legal establecido para enfrentar circunstancias excepcionales vinculadas con la vulneración masiva o sistemática de derechos humanos. En 2022, este estado fue extendido a los centros de detención transitoria, de acuerdo con la información consignada en el artículo.
Ante el panorama, y tras la llegada del gobierno de De la Espriella junto con la formulación del Plan de Desarrollo, pasaron cuatro años antes de que la Corte Constitucional convocara nuevamente —el 4 de noviembre— a las instituciones encargadas, en una audiencia pública dirigida a verificar el cumplimiento de las órdenes emitidas y evaluar la viabilidad de propuestas de mejora. En esta sesión, la administración distrital subrayó que, si bien la tasa de hacinamiento en Bogotá resulta menor en comparación con el promedio nacional, aún persiste un rezago del 20%. Esta brecha se plantea aminorar con la construcción de nuevas infraestructuras carcelarias como la Distrital II y el Centro Especial de Reclusión (CER) Fase II; no obstante, la materialización de estos proyectos se ha visto afectada por retrasos y la entrega comprometida, por ejemplo, en el caso de la cárcel Distrital II, quedó pendiente para 2027.
El testimonio de Diana Patricia Giraldo, quien lleva 13 años privada de la libertad en la cárcel El Buen Pastor en Bogotá, abrió la audiencia pública con un mensaje claro: a pesar del paso del tiempo y de los compromisos estatales, las condiciones para los internos todavía se mantienen lejos de la dignidad que debería garantizar el Estado. Durante su intervención virtual, Giraldo evidenció, en 10 minutos, que los esfuerzos institucionales aún no se ven reflejados en mejoras concretas dentro de los centros penitenciarios, remarcando la urgencia de atender de fondo la problemática estructural que afecta a miles de personas.
Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
¿Por qué sigue existiendo hacinamiento en las cárceles de Bogotá pese a nuevos proyectos?
El hacinamiento en las cárceles de Bogotá persiste debido, en parte, a los retrasos en la construcción y entrega de infraestructuras prometidas, como la cárcel Distrital II y el Centro Especial de Reclusión (CER) Fase II. Según planteó la administración distrital en la audiencia mencionada por la Corte Constitucional, aunque el panorama es mejor que en el resto del país, aún existe un rezago del 20% que no ha sido superado por la lenta ejecución de los proyectos, cuya conclusión sigue siendo incierta.
¿Qué es el 'estado inconstitucional de cosas' y cómo se aplica en los centros de reclusión?
El 'estado inconstitucional de cosas' es una figura jurídica declarada por la Corte Constitucional para atender situaciones graves de vulneración de derechos fundamentales, especialmente cuando afectan de forma masiva a una población, como sucede en los centros de reclusión. Fue decretado en 1998 para el sistema penitenciario y en 2022 su alcance se amplió a los centros de detención transitoria, permitiendo así que la Corte supervise las acciones institucionales y emita órdenes directas para mitigar la crisis carcelaria.
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