Las acciones de depuración y control interno dentro de las Fuerzas Militares volvieron a arrojar un resultado de alta gravedad institucional en las últimas horas. De acuerdo con la información revelada en primicia por la Unidad Investigativa de El Tiempo, un coronel del Ejército Nacional fue capturado dentro de las instalaciones del Cantón Norte, ubicado en la ciudad de Bogotá, por orden directa de la Fiscalía General de la Nación. Este procedimiento judicial pone bajo la lupa la conducta de un oficial de alta graduación, comprometiéndolo en una delicada lista de delitos que comprende presuntos nexos con estructuras de narcotráfico y actividades terroristas, un hecho que sacude los cimientos de la jerarquía castrense y enciende las alarmas en los altos mandos.
Lo que hace especialmente relevante este operativo no es únicamente la jerarquía del uniformado aprehendido, sino el origen mismo de la investigación. Según los datos conocidos por El Tiempo, la diligencia judicial no se originó a partir de denuncias externas o indagaciones ajenas a la institución, sino que fue el resultado de un riguroso trabajo conjunto adelantado por la contrainteligencia del propio Ejército Nacional y el Gaula Militar, en un esfuerzo coordinado con los fiscales delegados ante la entidad investigativa. Esta actuación demuestra los mecanismos de control interno activados para erradicar irregularidades graves dentro de las filas y salvaguardar la legitimidad institucional frente a la infiltración de economías ilegales.
El expediente judicial estructurado contra el oficial detalla una multiplicidad de conductas punibles de extrema gravedad. El proceso se adelanta formalmente por los delitos de concierto para delinquir con fines de narcotráfico y terrorismo, cohecho propio, y fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos. La combinación de estos punibles marca la ruta sobre la cual deberán avanzar con rapidez los investigadores judiciales para determinar el grado de participación del coronel, esclareciendo cuál habría sido su rol exacto dentro de los hechos investigados y estableciendo si su condición de mando dentro de la institución fue utilizada para facilitar las actividades ilícitas de las redes criminales.
Asimismo, las pesquisas adelantadas por las autoridades permitieron establecer que los hechos objeto de investigación comprenden dos periodos específicos dentro de la trayectoria reciente del oficial. Según la información a la que tuvo acceso El Tiempo, las conductas indiciarias se habrían registrado inicialmente entre los años 2019 y 2020, y posteriormente en un segundo bloque comprendido entre 2024 y 2025. Este lapso temporal sugiere a los investigadores la posible existencia de un patrón sostenido de presunta colaboración con estructuras al margen de la ley a lo largo de diferentes destinos y responsabilidades operativas del oficial procesado.
Hasta el momento, la institución castrense ha mantenido absoluta reserva sobre los pormenores de la captura, evitando emitir un pronunciamiento ampliado o detallar si dentro de esta misma línea investigativa se encuentran otros mandos o subalternos salpicados por los mismos hechos. Mientras el oficial capturado es presentado ante los jueces de control de garantías para la legalización de su aprehensión y la imputación formal de cargos, el caso se perfila como uno de los escándalos de contrainteligencia militar más sonados de los últimos años en la capital del país, evidenciando los persistentes desafíos que enfrentan los organismos de seguridad del Estado en sus procesos de transparencia y control interno.
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