La noche del 22 de diciembre de 2025, cerca de la medianoche, la vida del magistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE), Álvaro Hernán Prada, y su asesor Juan Felipe quedó en riesgo. Un grupo de entre 8 a 10 hombres armados ejecutaron un violento asalto contra ellos en el barrio Quinta Mutis de Bogotá, significando una grave vulnerabilidad en la seguridad de altos funcionarios electorales.
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Los dos funcionarios venían de un evento en Guayabetal de Síquima, Cundinamarca y se desplazaban bajo la protección de una Toyota Prado blindada, debido al alto perfil del magistrado y su rol en la política colombiana.
El ataque fue nada menos que un plan premeditado, llevado a cabo con precisión y sevicia. Según contó Juan Felipe a El Tiempo, dos camionetas bloquearon su vehículo, y los asaltantes apuntaron al asesor con armas de fuego, amenazándolo con matar a todos los ocupantes del vehículo si no abrían las puertas.
“No puedo describir el miedo que sentí –el temor– por mi vida y la de aquellos que estaban conmigo en el vehículo. Todo lo que pude hacer fue rogar para que todo saliera bien”, dijo Juan Felipe al citado medio.
Dos camionetas con delincuentes embistieron mi vehículo. El conductor logró evadirlos.
Minutos después, atracaron a Juan Felipe, un amigo que me acompañaba, apuntándolo con armas. Toda mi solidaridad con él. Este es uno más de varios episodios que me ha tocado denunciar. pic.twitter.com/9E8f9xqtZh— Álvaro Hernán Prada (@ALVAROHPRADA) December 23, 2025
Afortunadamente, el conductor pudo maniobrar y evadir el cerco, logrando poner a salvo a Prada. Pero el asesor no corrió con la misma suerte. “Los asaltantes me amenazaron con matarme si no abría la puerta del vehículo. Temí por mi vida y me vi obligado a obedecer”, comentó.
Lo que llama la atención del asalto es que no solo fue una acción delictiva, sino que parecía ser muy planificada, pues los delincuentes llevaban horas siguiendo a los funcionarios desde Cundinamarca y, además, Prada ya había denunciado seguimientos con drones previos.
Entre las múltiples pertenencias robadas, destacó una “tera” con información reservada de interés nacional, algo sumamente alarmante al tratarse de data confidencial del CNE. El incidente pone en evidencia una amenaza no solo para la integridad física de los funcionarios de alto rango, sino también para la seguridad de la información de relevancia estatal.
El CNE reaccionó emitiendo un comunicado en el que exigió una investigación rápida y exhaustiva de la Fiscalía, la cual ya tiene la denuncia en sus manos. Este incidente tuvo lugar en un contexto de tensiones políticas previas a las elecciones de 2026, enfatizando las vulnerabilidades existentes en la seguridad de altos funcionarios electorales.
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