En un reciente diálogo con la revista Semana, Armando Benedetti, ministro del Interior, ha detallado la dinámica y el proceso que rodea la convocatoria de la consulta popular anunciada por el presidente Gustavo Petro. Según Benedetti, este mecanismo será liderado principalmente por sectores sociales tales como la clase obrera, movimientos estudiantiles e indígenas.
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El papel del ministro del Interior, según lo indica la ley 1757 de 2015, es facilitar que el presidente envíe al Senado la solicitud de la consulta, el cual tiene un plazo de 30 días para tomar una decisión sobre la proposición. Una vez aprobada, el presidente contará con tres meses para convocar las elecciones y realizar la solicitud formal a la Registraduría Nacional, proyectando una posible realización de la consulta para mitad de año.
En relación con el apoyo del Senado, Benedetti expresa cierta preocupación por la influencia de los empresarios y gremios como la Andi, quienes, a su juicio, han posicionado sus intereses económicos por encima del bienestar de los trabajadores. Esta decisión, según Benedetti, no representa lo que sería beneficioso para el ciudadano promedio y las clases trabajadoras del país.
“Es indispensable que se otorgue la oportunidad de decidir en las urnas a los ciudadanos, y que el Senado no apruebe la consulta sería algo inconcebible para una democracia”, afirmó el ministro, aludiendo a la contrariedad de que representantes elegidos popularmente puedan negar una iniciativa que busca ampliar derechos laborales y mejorar las condiciones de los trabajadores colombianos.
Cuáles son los puntos más debatidos de la reforma laboral
Entre los puntos más destacables de la reforma laboral que está siendo debatida, se encuentra el aumento al pago completo del festivo del 75 % actual al 100 %, el cambio de horario para la jornada nocturna que empezaría a las 6 p.m. en vez de a las 9 p.m., y mejoras en la seguridad social para diversos sectores como madres comunitarias y trabajadores de plataformas digitales, entre otros.
Sin embargo, la resistencia de ciertos sectores empresariales es palpable, según Benedetti, ya que implica una modificación en la estructura de costos y beneficios a la que están acostumbrados. En respuesta a las críticas y la oposición del Congreso, él sostiene que dicha posición solo beneficia directamente a los empresarios a costas de los empleados.
Además, Benedetti sugiere que la situación actual podría interpretarse como una ventaja estratégica para el Gobierno, al permitirle al presidente Petro utilizar esta situación como un trampolín “nos dieron papayita” para las próximas campañas electorales, aunque más como una necesidad ante un “bloqueo institucional” que como una táctica deliberada. A esto se suma la intención del presidente de comenzar a implementar algunos aspectos de la reforma por decreto, en un esfuerzo por avanzar en temas prioritarios frente a los obstáculos encontrados en el legislativo.
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