Poco a poco se van atando los cabos sueltos de la fiesta en la casa-finca Mediterrané, ubicada en el corregimiento de Salgar, Puerto Colombia (Atlántico), que terminó en una balacera el pasado lunes 24 de octubre. El violento acto dejó dos personas muertas, incluido Jonathan José Ospino Illera, el cumpleañero.

Las imágenes que circularon por redes sociales evidenciaron los momentos de angustia que vivieron los asistentes cuando se desató el cruce de disparos. Incluso, en medio del desespero, estos escaparon por un río aledaño a la finca para salvar sus vidas.

(Vea también: Publican nuevos videos de la fiesta que terminó en balacera; famoso les cantaba al oído)

Balacera en Puerto Colombia: sanciones a propietarios de cabaña

Las autoridades avanzan en las respectivas investigaciones, y son varias las hipótesis que se manejan sobre el origen de la balacera. Pero por el momento, la fuerza pública sancionará a los propietarios de la cabaña, uno de los cuales viviría en Estados Unidos.

La primera medida es la aplicación de una multa de 900.000 pesos, de acuerdo con el Código Nacional de Policía y Convivencia (Ley 1801 de 2016). En la normativa se establecen  los requisitos para llevar a cabo actividades económicas. Y cabe recordar que el predio fue alquilado por los organizadores de la fatídica reunión.

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La segunda sanción corresponde a la suspensión de la actividad comercial en el establecimiento por 15 días. No obstante, el jefe de la Oficina de Seguridad y Convivencia de Puerto Colombia, Saúl Leyva, citado por El Tiempo, manifestó que se estudia la posibilidad de extender el tiempo de la restricción.

“Si bien es cierto estos eventos se tornan privados, se va a establecer para este tipo de cabañas que se rijan por el horario que se dispone para el consumo de bebidas alcohólicas y cualquier evento con aglomeración de público hasta las 2 de la mañana”, explicó.

Con respecto a los responsables, la Policía capturó a cuatro hombres el mismo día del tiroteo. Estos fueron remitidos a una unidad de reacción inmediata (URI) de la Fiscalía; sin embargo, quedaron libres horas después, ya que el juez aseguró que no había pruebas suficientes para legalizar las aprehensiones.