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Una nueva escalada de violencia marcó la noche del viernes en Ocaña, municipio ubicado en el departamento de Norte de Santander, luego de un ataque con artefactos explosivos perpetrado contra el Batallón de Infantería Liviana N.° 15 General Francisco de Paula Santander del Ejército. El incidente, según informó el Comando de la Trigésima Brigada, fue ejecutado mediante el lanzamiento indiscriminado de explosivos desde una volqueta directamente hacia las instalaciones militares, lo cual desencadenó una inmediata reacción de las fuerzas armadas.
El saldo del atentado incluyó la muerte de un supuesto integrante del Ejército de Liberación Nacional (ELN), la captura de otro individuo que intentaba huir y dos militares heridos por esquirlas, quienes debieron ser trasladados de urgencia a un centro asistencial en Ocaña, donde recibieron atención médica especializada. Según información oficial, los responsables estarían vinculados al Frente Carlos Armando Cacua Guerrero del ELN, organización armada considerada ilegal y protagonista histórica de acciones violentas en esta región.
El comandante de la Segunda División del Ejército, general Rodolfo Morales Franco, declaró que este “hecho criminal sería en retaliación por las operaciones militares adelantadas en Tibú contra este grupo armado organizado del ELN”. Morales Franco enfatizó la naturaleza terrorista del ataque y subrayó que este tipo de acciones violan tanto los derechos humanos como el derecho internacional humanitario, poniendo en peligro a la población civil y a los miembros de la fuerza pública.
Tras el atentado, unidades especializadas en el manejo de explosivos, adscritas al Grupo Marte, procedieron a verificar rigorosamente la zona para descartar la presencia de otros artefactos que representaran una amenaza latente para la comunidad. Durante este proceso, las autoridades hallaron múltiples explosivos sin detonar dentro de las instalaciones, los cuales fueron desmontados de manera controlada bajo estrictos protocolos de seguridad.
Las consecuencias del ataque no solo afectaron a las instalaciones militares y sus ocupantes, sino que también tuvieron impacto directo sobre la infraestructura civil del municipio. Los ataques provocaron la interrupción del suministro eléctrico en sectores significativos de Ocaña, dejando a parte de la población en una situación de vulnerabilidad adicional ante la incertidumbre y el riesgo latente.
El general Morales Franco afirmó que las operaciones militares se mantendrán de forma sostenida con el propósito de contrarrestar y reducir el accionar delictivo de los grupos armados en Norte de Santander. Esta respuesta oficial refuerza el compromiso de las autoridades con la restauración del orden público y la protección de los derechos fundamentales de los habitantes de la región, especialmente en un contexto donde la inseguridad sigue siendo un desafío prioritario.
¿Cuál es la importancia del derecho internacional humanitario en este tipo de conflictos?El derecho internacional humanitario establece un conjunto de normas que limitan los métodos y medios de combate durante los conflictos armados, con el fin de proteger a las personas que no participan directamente en las hostilidades. La relevancia de este marco legal reside en evitar el sufrimiento innecesario y proteger tanto a la población civil como a los combatientes fuera de combate.
En escenarios como el ataque sucedido en Ocaña, la referencia al derecho internacional humanitario realizada por las autoridades es un recordatorio de la urgente necesidad de respetar estos estándares universales. Su aplicación y vigilancia son fundamentales para fortalecer la protección de las víctimas y responsabilizar a los actores involucrados por eventuales infracciones, garantizando que la violencia no transgreda los límites mínimos de humanidad establecidos por la comunidad internacional.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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