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A pesar de las múltiples críticas y advertencias que han lanzado la oposición y diferentes sectores del país, el gobierno del presidente Gustavo Petro convocó la consulta popular mediante decreto.
Su decisión generó, no solo una avalancha de críticas, sino primeras acciones legales, que se tomarán contra los ministros, que firmaron dicho decreto, así como contra el presidente que, según sustentan, no puede convocar la consulta.
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En primera instancia, se conoció una acción de tutela interpuesta por el abogado constitucionalista, Germán Calderón ante el Consejo de Estado, en la que argumenta la violación de derechos fundamentales como el debido proceso, el principio de legalidad y las normas que regulan la consulta popular como mecanismo de participación ciudadana.
Además, el concejal de Bogotá, Daniel Briceño, anunció una demanda, a través de su cuenta de X dijo: “Ya está lista la demanda de nulidad y la denuncia contra todos los ministros. No vamos a permitir que usted extorsione al Congreso y al país, tampoco que pase por encima de la Constitución y la ley”.
Ya está lista la demanda de nulidad y la denuncia contra todos los ministros. No vamos a permitir que usted extorsione al Congreso y al país, tampoco que pase por encima de la constitución y la ley.
— Daniel F. Briceño (@Danielbricen) June 11, 2025
Diferentes congresistas también han reaccionado al hecho como Angélica Lozano, que calificó como “un golpe, nada blando, burdo chantaje, además”.
El Gobierno Nacional sostiene que la consulta popular fue convocada dentro del marco constitucional y legal. Según el decreto, el Senado negó el concepto previo requerido mediante un procedimiento que el Ejecutivo califica de viciado e inconstitucional, al omitir el debate, cerrar abruptamente la votación y no permitir la apelación. En respuesta, el presidente invocó la excepción de inconstitucionalidad —amparado en el artículo 4 de la Constitución— y procedió a inaplicar la decisión del Congreso, argumentando que esta va en contra de los principios democráticos y del debido proceso.
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Adicionalmente, el Gobierno acudió al literal c del artículo 33 de la Ley Estatutaria 1757 de 2015, que permite convocar una consulta directamente cuando el Congreso no emite su concepto en el tiempo establecido.
Mientras tanto, el decreto continúa su curso y fue enviado a la Corte Constitucional para su respectiva revisión, como lo establece la ley.
El escenario se desarrolla en paralelo al último debate de la reforma laboral en el Senado, donde el Gobierno aún espera alcanzar consensos que permitan su aprobación. Tanto el ministro del Interior, Armando Benedetti, como el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, han reiterado que el decreto podría ser derogado si el Congreso aprueba la reforma laboral con las líneas rojas planteadas por el Ejecutivo.
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