El país celebra la liberación del niño Lyan Hortúa, secuestrado durante 18 días por la disidencia de las Farc bajo las órdenes de alias ‘Iván Mordisco’. En medio de la alegría que experimenta Colombia por este hecho, hay, sin embargo, factores que vuelven a entristecer a la Nación, sobre todo porque la nube de ese atroz delito contra la libertad está lejos de disiparse, y, por el contrario, se arremolina y oscurece con una intensidad cada vez más amenazante.
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Cuando se supo que por la liberación de Lyan sus familiares tuvieron que pagar una suma de dinero, quedó claro que el país sigue andando los pasos del cangrejo, que están regresando las nefastas prácticas de raptar personas con el único propósito de exigir un rescate. Este secuestro ocurrió en Jamundí (Valle del Cauca), pero es toda Colombia la que está expuesta por el enorme avance y empoderamiento de los grupos armados, que campean paulatinamente con más libertad por campos y ciudades sin que nada se les oponga.
Eso lo sintieron y lo expresaron sin tapujos los familiares de Lyan: “Nos duele también la presencia que no tuvo el presidente [Gustavo Petro], sino hasta 18 días después se pronunció”, dijo Jorsuar Suárez, padrastro del menor, contra quien, al parecer, iba dirigida la acción de los delincuentes. Al no encontrarlo en la casa, se llevaron al niño. Después de la liberación, la familia expidió un comunicado y dijo: “Su silencio como jefe de Estado dolió”.
“Al ver nosotros la poca eficiencia del Estado, especialmente del señor Gustavo Petro, que en ningún momento se comunicó con mi hermana, no se apropió del tema, [y] vino a poner un trino 18 días después, cuando ya para qué… Son cosas que lo dejan a uno decepcionado con la autoridad”, dijo, por su parte, Sebastián Bonilla, hermano de la madre del menor.
Qué dijo el Gobierno de Gustavo Petro sobre liberación de Lyan
Luego de la liberación, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, escribió en X: “Desde el corazón de nuestras Fuerzas y con el alma de la patria entera: ¡Bienvenido a la libertad, Lyan! Hoy celebramos la vida, la esperanza y el reencuentro. La libertad de Lyan, un niño que nunca debió ser separado de su hogar, representa una victoria de todos los que creemos en un país donde la niñez se respeta y se protege”.
El alto funcionario reconoció que Lyan volvió a la libertad por la mediación de la Defensoría del Pueblo. Envió su “abrazo solidario” a la familia del niño y agradeció a los soldados, policías y defensores de derechos humanos “por no rendirse”. El presidente Gustavo Petro, en cambio, hasta poco antes del mediodía de este jueves, no había dicho nada sobre la liberación.
Inmerso como está en su propósito de llevar a cabo a toda costa su política de “paz total”, quizás el mandatario deba guardar esos silencios. Pero el mutismo es factor que favorece el avance del secuestro. Ese delito, lo admitió el Ministerio de Defensa en un reciente informe, hasta el 21 de abril pasado, se había presentado en 131 oportunidades en diferentes partes del país. De esos casos, solo 25 fueron catalogados como secuestros simples. La gran mayoría fueron extorsivos, como en del Lyan.
El que el plagio del menor lo haya ejecutado una estructura armada que se autodenomina guerrilla habla también de su degradación: no solo se dedica a la extorsión, a la minería ilegal y al narcotráfico; también tiene entre sus fuentes de financiación el secuestro extorsivo. Lo lucrativo de esas actividades ilegales explica por qué no esté interesada en hablar de paz con el Gobierno Nacional. Objetivos políticos no se ven por ninguna parte. Y si, como ha informado Semana en las últimas horas, actuó contratada en medio de una guerra entre narcos por el cobro de cuentas pendientes, también patenta su envilecimiento.
El hecho de que ‘coronen’ esas acciones inhumanas, es decir, que consigan sus objetivos y recojan dinero a manos llenas, hará que otras organizaciones o delincuentes comunes intenten hacer lo mismo pues ven a unas autoridades maniatadas y un Estado silente. Los niños, como ocurrió con Lyan, están ahora más expuestos que nunca.
“No podemos permitir que las liberaciones se den mediante una transacción monetaria”, dijo la alcaldesa de Jamundí, Paola Castillo, en La FM. “Esto no puede convertirse en un incentivo para nuevos secuestros. La vida de nuestros niños debe estar protegida por el Estado y por la sociedad en su conjunto […]. Respeto profundamente a la familia [de Lyan] por la decisión que tomaron. El dolor los llevó a eso y nadie puede juzgarlos, pero debemos decir con claridad que esto no puede pasar”.
Secuestrados que recorren el camino del olvido
Para el caso de Bogotá, capital de la República y centro de todos los poderes, el concejal Julián Rodríguez Sastoque encendió las alarmas. Advirtió el dramático incremento de los secuestros extorsivos, basado en cifras oficiales de la Policía Nacional según las cuales entre el primero de enero y el 24 de marzo de 2025 se registraron 13 casos de este delito en la ciudad, frente a solo uno en el mismo periodo de 2024, lo cual representa un preocupante aumento del 1.200%. También destacó que en 2025 Bogotá ya superó los registros anuales de secuestro extorsivo de los últimos nueve años, cuando aún no se completaba el primer trimestre de este año.
Es claro que, si eso ocurre en la capital, el panorama resulta más preocupante en la periferia. En abril pasado también, la defensora del pueblo, Iris Marín, recordaba el secuestro extorsivo de la señora Clara Serrano, raptada por el Eln cuando iba a gestionar la liberación de su hermano, secuestrado con fines extorsivos en el municipio de Río de Oro (Cesar). A ella la dejaron en cautiverio y lo liberaron a él, “para que consiguiera el dinero”.
La Defensoría informó asimismo que desde el 21 de febrero permanece en poder del Eln la expersonera de Tamalameque (Cesar) Yennis Salazar Zabaleta; así como el joven Kevin Patarroyo Gómez, quien lleva más de un mes secuestrado en el Catatumbo y cumplió sus 19 años en cautiverio. “Estos tres secuestros son extorsivos. El sufrimiento de quienes son secuestrados y sus familias es devastador e irreparable. Exigimos al Eln y a todos los actores armados la liberación inmediata e incondicional de todas las personas secuestradas”, dijo Marín.
La defensora del pueblo subrayó la incongruencia que existe entre la supuesta lucha política que adelantan algunos grupos armados con la comisión de secuestros. “El secuestro no tiene ninguna relación o conexidad con los delitos políticos que el Eln dice cometer. Por el contrario, cometido a esta escala y de manera sistemática, se configura como el crimen de lesa humanidad de privaciones graves de la libertad y el crimen de guerra de toma de rehenes”, añadió.
Otro secuestro que mantiene en expectativa al país, pero, sobre todo, al Chocó, es el del ingeniero Arnold Alexánder Rincón López, director general de Codechocó. Su plagio se produjo en la vía Istmina-Quibdó, y hasta ahora no se sabe nada de su suerte. Solo hay preocupación, entre otras cosas, porque padece de condiciones médicas que lo obligan a tomar medicamentos permanentemente.
En Colombia hay muchos más secuestrados, y vale el júbilo por la libertad de Lyan, mediada por el pago de un rescate en medio de unas circunstancias que todavía tienen muchos grises. Pero también vale el reclamo por la libertad de los demás plagiados que hoy esperan en las sombras el momento de volver con los suyos.
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