Alcaldes y gobernadores de varias regiones del país se reunieron con la Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, para discutir la situación de seguridad que enfrentan las comunidades, los mandatarios locales y los líderes sociales. Este espacio permitió visibilizar la compleja realidad en los territorios y la necesidad de articular esfuerzos que ofrezcan garantías de protección.
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La reunión fue convocada por la Federación Colombiana de Municipios y la Federación Nacional de Departamentos, con el acompañamiento de representantes de distintos territorios. En este encuentro se definió una hoja de ruta que, de acuerdo con Fedemunicipios, contempla acciones específicas frente a las amenazas contra la población civil, los mandatarios, los líderes sociales y la fuerza pública.
El documento incluye un capítulo enfocado en el riesgo que enfrentan los alcaldes y gobernadores, lo que permitirá fortalecer la respuesta institucional del gobierno nacional.
Durante la cita, la defensora del Pueblo destacó que el compromiso de su entidad es acompañar a las regiones y respaldar a los mandatarios locales. “Nuestro propósito es trabajar hombro a hombro con alcaldes y gobernadores para garantizar que la voz de las comunidades sea escuchada”, señaló Marín Ortiz.
La Federación Colombiana de Municipios resaltó el mensaje de la funcionaria como una señal de respaldo a los territorios más afectados por la violencia.
Por su parte, Gilberto Toro Giraldo, director ejecutivo de la federación, subrayó que la defensa de la vida y la protección de los mandatarios locales son aspectos centrales para robustecer la seguridad y la gobernanza. En su concepto, los esfuerzos deben centrarse en una mayor articulación institucional que permita atender de forma integral las dificultades que hoy afectan a las regiones.
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La Federación Colombiana de Municipios reafirmó que este encuentro con la Defensoría del Pueblo representa un paso importante en la búsqueda de soluciones conjuntas. Con ello se busca fortalecer la seguridad de las comunidades, dar garantías a los mandatarios locales y consolidar un entorno más seguro para líderes sociales y ciudadanos en general.
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