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El accidente del avión militar C-130H Hércules en Puerto Leguízamo, Putumayo, ocurrido el 23 de marzo, ha desatado un debate nacional sobre la gestión de los recursos destinados al mantenimiento y aseguramiento de la flota aérea de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC). El siniestro, apenas a kilómetro y medio del aeródromo y minutos después de despegar, dejó 69 muertos entre los 128 ocupantes, todos integrantes de la Fuerza Pública, y se convirtió en la mayor tragedia militar registrada en Colombia, según lo publicado por El Colombiano. El objetivo de la misión era abastecer con víveres a la región, pero la magnitud de la pérdida ha encendido todas las alarmas respecto a la seguridad operacional de la flota militar del país.
Tras los hechos, se evidenció que las fallas en el aseguramiento de las aeronaves de la FAC son considerablemente altas: solamente el 33% de la flota está cubierta por pólizas, mientras que el 67% —incluido el Hércules involucrado— carece de seguro. El Ministerio de Defensa ha señalado, a través de un comunicado citado por El Colombiano, que existe un déficit en el presupuesto de 244.000 millones de pesos para esta vigencia, y que han sido presentadas las solicitudes correspondientes para suplir la carencia. Sin embargo, estos recursos solo alcanzan para mantener asegurada una tercera parte de las aeronaves.
Este panorama financiero ha generado discrepancias entre el Ministerio de Hacienda y el de Defensa sobre la suficiencia de recursos. Los documentos conocidos por El Espectador revelan que, según Defensa, las distintas fuerzas hicieron sus solicitudes de recursos mediante los anteproyectos de presupuesto. El monto total solicitado para el sector fue de 53,4 billones de pesos, pero la asignación recibida resultó insuficiente, obligando a priorizar la operatividad mínima. Por su parte, Hacienda sostiene que, tras una revisión, no encontraron comunicaciones oficiales que advirtieran sobre falta de fondos específicos para el sostenimiento de aeronaves militares.
En cuanto a recursos actuales y futuros, Hacienda señaló la apropiación de 21,2 billones de pesos para las Fuerzas Militares en 2025, y la aprobación de un cupo de 17 billones de pesos en vigencias futuras para el periodo 2026-2032, orientados a la modernización y compra de nuevas aeronaves. No obstante, la brecha entre las necesidades operativas y los recursos asignados persiste. Al ser citado a control político en el Congreso, el Ministerio de Defensa enfatizó que las aeronaves activas cumplen con los estándares de seguridad, aunque admitió dificultades derivadas de limitaciones internacionales en la adquisición de repuestos y servicios de mantenimiento.
Esta serie de contradicciones y advertencias plantea preguntas sobre la transparencia en la coordinación interinstitucional y la protección del personal militar, especialmente considerando el grave saldo humano de este accidente.
¿Qué significa que una aeronave “no está asegurada” y cómo afecta esto a las operaciones militares?
El término “no estar asegurada” hace referencia a la ausencia de una póliza de seguro para cubrir daños o pérdidas en caso de accidentes, incidentes o siniestros. De acuerdo con la información difundida, actualmente el 67% de las aeronaves de la Fuerza Aeroespacial Colombiana se encuentran en esta condición, lo que implica que, ante un evento imprevisto, los costos para responder a los daños materiales o humanos recaen directamente sobre el Estado.
Este tipo de situación genera un riesgo fiscal significativo y limita la capacidad de recuperación del aparato militar tras un accidente. La ausencia de seguros puede también forzar a la priorización de recursos limitados, afectando tanto la operatividad como la moral de quienes integran las Fuerzas Militares. En ese sentido, el manejo de los fondos y la transparencia institucional se vuelven elementos críticos para garantizar la seguridad y eficiencia de las operaciones militares en Colombia.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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